La Fiscalía de Guatemala ha sentenciado a cuatro ex militares a 6.060 años de cárcel por su implicación en la muerte de 201 campesinos en la localidad de Las Dos Erres (en Petén, a unos 500 kilómetros al norte de la capital Ciudad de Guatemala) en 1982 durante la guerra civil que azotó el país durante 36 años. Este es el primer juicio a militares acusados por delitos de genocidio durante la guerra civil celebrado en Guatemala.
La histórica sentencia fue emitida por el Tribunal de Alto Riesgo, que concluyó que los exintegrantes del grupo de élite Kaibil del Ejército guatemalteco Daniel Martínez, Manuel Pop, Reyes Collin y Carlos Carías, son responsables de delitos de lesa humanidad por el asesinato colectivo de los 201 campesinos, entre ellos más de un centenar de menores de edad. La sentencia apunta que dice la masacre se dio con alevosía porque los autores llegaron de madrugada, y los pobladores no tuvieron ninguna oportunidad de defensa, fue planificada y hubo ensañamiento, porque el exterminio llegó al extremo de "desaparecer a la población del mapa geográfico".
Las pesquisas apuntan a que los militares entraron en la aldea el 6 de diciembre de 1982 para buscar varios fusiles robados por una guerrilla de extrema izquierda. Aunque no hallaron las armas, acusaron a los aldeanos de colaboración. Hasta el momento, no se han localizado todos los cuerpos, pero se calcula que 250 hombres, mujeres y niños fueron asesinados y sepultados en fosas comunes que cavaron los propios residentes de Las Dos Erres.
Sin embargo, los cuatro condenados por el delito de asesinato solo deberán cumplir efectivamente la pena máxima de 50 años de cárcel cada uno, como dicta el Código Penal guatemalteco, según explicó la jueza que leyó la sentencia, Patricia Bustamante. A esa pena se sumaron otros 30 años por el delito de incumplimiento de deberes contra la humanidad, lo que hace un total de 80 años de condena efectiva para cada uno de los exmilitares, dijo la jurista.
La suma de 6.060 años es el resultado de sumar 30 años de cárcel por cada uno de los 201 asesinatos, más 30 años por el delito de incumplimiento de deberes contra la humanidad, de acuerdo a la explicación judicial.
La sentencia provocó un prolongado aplauso en la sala de vistas de la Corte Suprema de Justicia, que fue abarrotada por familiares de las víctimas y activistas humanitarios, así como varias decenas de periodistas. Mientras, los familiares de los exmilitares entraron en llanto, insistieron en la inocencia de los sentenciados, y anunciaron que a través de los abogados van a apelar el fallo.
La guerra civil en Guatemala se saldó con unas 250.000 víctimas mortales, de las cuales cerca de 45.000 desaparecieron de manera forzosa sin que todavía se conozca el paradero de sus cuerpos.