El fallecido jefe terrorista de las FARC, Pedro Antonio Marín, alias Manuel Marulanda o Tirofijo, era dueño de 57 fincas, según reveló este sábado el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos.
Así lo aseguró Santos a los periodistas, informa Efe, antes de precisar que estas propiedades están en el departamento regional de Cundinamarca, del que Bogotá es su capital, y en el de Santander (noreste).
Santos agregó que las FARC y el Ejército de Liberación (ELN), el segundo grupo terrorista del país, robaron a campesinos unas 90.000 hectáreas en los departamentos de Cundinamarca, Santander (noreste) y Meta (centro).
El gobernante, que proporcionó estas informaciones en un consejo de seguridad en Valledupar, capital regional del Cesar (norte), dijo que los datos se desprenden de correos hallados en ordenadores de Víctor Julio Suárez, alias Mono Jojoy, muerto en 2010, y de Guillermo León Sáenz, alias Alfonso Cano, muerto en noviembre de 2011, entre otros jefes terroristas, en operaciones de las Fuerzas Militares de Colombia.
El presidente detalló que en uno de los mensajes el frente 40 de las FARC enumera un inventario de 36 fincas que están en su poder, el 90 por ciento en territorio del Meta, y el estado o situación en cada una de ellas. Asimismo, un informe del frente Yarí hace referencia a 76 propiedades rurales en su poder, que suman 89.240 hectáreas. "Este es simplemente un pedacito de lo que encontramos del Frente Yarí", señaló el presidente colombiano.
Según Santos, en otro correo, esta vez del Ejército de Liberación Nacional (ELN), Mosquera señala al mando del grupo la necesidad que tienen de legalizar "fincas, parcelas y viviendas" que poseen en el departamento de Bolívar (norte).
El presidente ha dicho ya en otras ocasiones que los dos grupos terroristas intentan legalizar tierras robadas, pero asegura también que el Estado las recuperará para devolverlas a sus verdaderos dueños, que pasaron a formar parte del gran número de desplazados en la guerra contra los terroristas.
Santos aseguró que el Gobierno, con el apoyo de la Fuerza Pública y de la ciudadanía, vencerá los obstáculos que se presenten en el proceso de restitución de tierras y advirtió que brindará todas las garantías para que el proceso salga adelante.
A mediados de mes, el Gobierno comenzó a implementar la Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras con la entrega a campesinos desplazados de 4.225 hectáreas confiscadas a narcotraficantes en Córdoba, una zona que fue bastión paramilitar hasta la década pasada.
Según datos del Gobierno, las FARC, el ELN y grupos paramilitares han robado al Estado y a campesinos más de 700.000 hectáreas, que serán recuperadas para devolverlas a sus legítimos dueños: los campesinos. El Ejecutivo espera que para este año se fallen al menos 2.100 casos de restitución de tierras y la meta es que, antes de que finalice el mandato de Santos, en 2014, sean tituladas y devueltas 3.500.000 hectáreas.