LD (EFE) El Buró de Seguridad de la ciudad china de Zhengding, en la provincia central de Hebei, negó la detención del obispo católico chino, Julio Jia Zhiguo. Un portavoz del departamento de prensa de la Administración Estatal de Asuntos Religiosos manifestó que no tenía conocimiento del asunto.
Un portavoz del citado organismo desmintió que el obispo, de setenta años y miembro de la Iglesia católica clandestina china, hubiese sido detenido el martes en su casa de Zhending por dos hombres que lo trasladaron a un lugar desconocido.
Idéntica respuesta dio una fuente de la Iglesia Patriótica china, la única reconocida por Pekín y que agrupa a 5,2 millones de católicos "oficiales" frente a los más de ocho millones que, según fuentes del Vaticano, tiene la iglesia clandestina fiel a Roma.
Según la agencia de noticias vaticana Asianews –quien denunció este lunes el arresto-, representantes del Gobierno de Pekín habían advertido al obispo Jia del arresto y le habían ordenado que dijera a sus vecinos que iba a ser "trasladado a otro lugar para ser sometido a controles médicos". Pero, la Fundación Cardenal Kung, desde EEUU, desmintió que Jia sufriera ninguna dolencia, por lo que consideró el traslado una detención.
Jia, obispo desde 1980 de una de las diócesis con mayor concentración de católicos, un millón y medio, se encuentra casi siempre bajo arresto domiciliario y, como no está reconocido por el Gobierno chino, no puede ejercer su ministerio. Siempre que hay una importante fiesta religiosa, como en Navidad o Pascua, es detenido y sometido a adiestramiento religioso por parte de las autoridades chinas, según la agencia vaticana.
China permite el culto católico sólo a los seguidores de la oficial Iglesia Patriótica, que depende del Partido Comunista de China (PCCh), y rechaza la autoridad del Vaticano, mientras que los líderes de la iglesia clandestina, leales a Roma, son perseguidos por Pekín. Por eso, los católicos clandestinos se ven obligados a oficiar misas en secreto en sus viviendas particulares (casas-iglesia), como se pudo comprobar tras la muerte del Papa Juan Pablo II, incluso a riesgo de ser encarcelados.