L D (Europa Press) A partir de la medianoche el ex presidente galo Jacques Chirac volverá a ser un justiciable como cualquier ciudadano, al expirar la inmunidad de la que gozó durante sus doce años como jefe de Estado. Chirac, de 74 años, dejó el Elíseo en manos de su sucesor, el conservador Nicolas Sarkozy, el pasado 16 de mayo. La inmunidad presidencial de un ex jefe de Estado expira un mes después de dejar el cargo.
Con ello queda abierta la posibilidad de que Chirac sea citado en sumarios judiciales en los que aparece su nombre, principalmente relacionados con los 18 años en los que fue alcalde de París (1977-95) y que se perfilan como los más complicados para él. En cambio, expertos constitucionalistas opinan que Chirac podría no tener que responder a una eventual citación de los magistrados que instruyen el escándalo Clearstream, al haberse producido mientras era jefe de Estado.
La Fiscalía de París desmintió esta semana informaciones periodísticas de que Chirac había sido convocado como "testigo" para el próximo lunes por los jueces que instruyen el caso, una trama para acusar falsamente de corrupción a industriales y políticos franceses, incluido Sarkozy, que era entonces ministro.
Si los jueces convocan al ex presidente y éste acude, Chirac tendría que precisar si tenía conocimiento de los falsos listados de supuestos tenedores de cuentas en la sociedad financiera luxemburguesa Clearstream y si ordenó o no al general Philippe Rondot, ex miembro de los servicios secretos, que los investigase.
A juicio de expertos constitucionalistas, Chirac tampoco tendría porqué acudir a una eventual convocatoria en la investigación judicial abierta recientemente para aclarar si hubo presiones políticas francesas a favor de Yibutí en el caso del presunto asesinato de un juez galo en ese país africano en 1995.
Ambos asuntos -la instrucción de la muerte del juez Bernard Borrel y el "caso Clearstream"- ocurrieron cuando era jefe de Estado, por lo que podría invocar la "irresponsabilidad" penal por actos cometidos en el desempeño de su función presidencial. Una irresponsabilidad que, en cambio, no podría invocar en los otros sumarios de presunta financiación ilícita de partidos políticos en los que ha aparecido su nombre, ya que se trata de asuntos anteriores a su llegada al Elíseo, en 1995.
Dos de ellos se centran en supuestos "empleos ficticios" en la Alcaldía de París, de los que se beneficiaron personas que trabajaban en otros lugares, generalmente para el partido neogaullista RPR, fundado por Chirac. Por uno de esos casos, el ex primer ministro Alain Juppé fue condenado a catorce meses de prisión sin obligación de cumplimiento y a un año de inhabilitación para ocupar un cargo público.
Los otros dos sumarios fueron abiertos por presuntas malversación de fondos públicos (es el caso de la imprenta municipal Sempap) y receptación de abuso de bienes societarios, por haberse beneficiado Chirac y su familia de vuelos por valor de más de 400.000 euros a costa de la aerolínea Euralair, que se declaró en quiebra.
La mujer del ex presidente, Bernardette Chirac, podría ser citada también en éste y otros dos asuntos penales, según el diario Libération. En lugar de recurrir a su "histórico" abogado, Chirac ha escogido al letrado Jean Veil, hijo de la ex ministra Simone Veil y que, según Le Figaro, ha representado a Bernadette Chirac en varios procedimientos civiles.
Aunque famoso por su dominio de los procedimientos de fusiones-adquisiciones empresariales, el letrado no es ajeno al arte de la abogacía penal: ha sido abogado de Elf Aquitaine contra el ex presidente de la antigua petrolera y es hoy el defensor de Total y de su número uno, Christophe de Margerie. Y conoce bien el procedimiento del caso Clearstream, en el que representa al ex ministro de Economía, el socialista Dominique Strauss-Kahn, que se ha constituido parte civil al ser una de las víctimas de la trama.
Con ello queda abierta la posibilidad de que Chirac sea citado en sumarios judiciales en los que aparece su nombre, principalmente relacionados con los 18 años en los que fue alcalde de París (1977-95) y que se perfilan como los más complicados para él. En cambio, expertos constitucionalistas opinan que Chirac podría no tener que responder a una eventual citación de los magistrados que instruyen el escándalo Clearstream, al haberse producido mientras era jefe de Estado.
La Fiscalía de París desmintió esta semana informaciones periodísticas de que Chirac había sido convocado como "testigo" para el próximo lunes por los jueces que instruyen el caso, una trama para acusar falsamente de corrupción a industriales y políticos franceses, incluido Sarkozy, que era entonces ministro.
Si los jueces convocan al ex presidente y éste acude, Chirac tendría que precisar si tenía conocimiento de los falsos listados de supuestos tenedores de cuentas en la sociedad financiera luxemburguesa Clearstream y si ordenó o no al general Philippe Rondot, ex miembro de los servicios secretos, que los investigase.
A juicio de expertos constitucionalistas, Chirac tampoco tendría porqué acudir a una eventual convocatoria en la investigación judicial abierta recientemente para aclarar si hubo presiones políticas francesas a favor de Yibutí en el caso del presunto asesinato de un juez galo en ese país africano en 1995.
Ambos asuntos -la instrucción de la muerte del juez Bernard Borrel y el "caso Clearstream"- ocurrieron cuando era jefe de Estado, por lo que podría invocar la "irresponsabilidad" penal por actos cometidos en el desempeño de su función presidencial. Una irresponsabilidad que, en cambio, no podría invocar en los otros sumarios de presunta financiación ilícita de partidos políticos en los que ha aparecido su nombre, ya que se trata de asuntos anteriores a su llegada al Elíseo, en 1995.
Dos de ellos se centran en supuestos "empleos ficticios" en la Alcaldía de París, de los que se beneficiaron personas que trabajaban en otros lugares, generalmente para el partido neogaullista RPR, fundado por Chirac. Por uno de esos casos, el ex primer ministro Alain Juppé fue condenado a catorce meses de prisión sin obligación de cumplimiento y a un año de inhabilitación para ocupar un cargo público.
Los otros dos sumarios fueron abiertos por presuntas malversación de fondos públicos (es el caso de la imprenta municipal Sempap) y receptación de abuso de bienes societarios, por haberse beneficiado Chirac y su familia de vuelos por valor de más de 400.000 euros a costa de la aerolínea Euralair, que se declaró en quiebra.
La mujer del ex presidente, Bernardette Chirac, podría ser citada también en éste y otros dos asuntos penales, según el diario Libération. En lugar de recurrir a su "histórico" abogado, Chirac ha escogido al letrado Jean Veil, hijo de la ex ministra Simone Veil y que, según Le Figaro, ha representado a Bernadette Chirac en varios procedimientos civiles.
Aunque famoso por su dominio de los procedimientos de fusiones-adquisiciones empresariales, el letrado no es ajeno al arte de la abogacía penal: ha sido abogado de Elf Aquitaine contra el ex presidente de la antigua petrolera y es hoy el defensor de Total y de su número uno, Christophe de Margerie. Y conoce bien el procedimiento del caso Clearstream, en el que representa al ex ministro de Economía, el socialista Dominique Strauss-Kahn, que se ha constituido parte civil al ser una de las víctimas de la trama.