LD (Agencias) El embajador de EEUU en La Paz, Philip Goldberg, se despidió de Bolivia tras ser declarado "persona non grata" por el presidente Evo Morales con la advertencia de que su expulsión puede tener "efectos serios".
En su última declaración a la prensa boliviana, Goldberg calificó como "un grave error" la decisión de Morales y aseguró que las acusaciones de conspiración vertidas por el mandatario contra Estados Unidos y contra él son "infamias completamente falsas e injustificadas". "Estoy saliendo del país con el honor de haber sido parte de un esfuerzo loable. Trabajé para apoyar la democracia y el desarrollo de Bolivia respaldando la lucha contra la pobreza y a favor de la inclusión de todos los bolivianos", subrayó el diplomático.
Para Goldberg, "la decisión de bajar el nivel de las relaciones bilaterales" entre Bolivia y Estados Unidos que, dijo, se ha mantenido históricamente durante más de un siglo "puede tener efectos serios en muchas formas que no se han valorado apropiadamente" por parte del Gobierno de Evo Morales.
El hasta ahora máximo representante de EEUU en Bolivia expresó su "gratitud al pueblo boliviano por su calidez y sus constantes muestras de amistad" y dijo que "a pesar de la actitud del Gobierno boliviano, la amistad entre los pueblos va a continuar invariable".
Goldberg se refirió a los momentos de "gran y triste tensión" que está viviendo el país sudamericano y aseguró que Estados Unidos "siempre defenderá el principio fundamental de que los bolivianos encuentren su propio camino hacia una Bolivia democrática, próspera, pacífica, sin interferencias y en pleno desarrollo de su soberanía".
El embajador se refirió también a la lucha contra el narcotráfico, que ha sido una de las prioridades de su Gobierno en Bolivia. Para el diplomático, el narcotráfico es "una plaga que puede destruir a una sociedad" y "un problema que tiene que ser enfrentado con determinación antes de que se expanda aún más en nuestras sociedades".
"Juntos podemos afrontar este problema pero sin colaboración vamos a fracasar", advirtió el embajador quien, sin embargo, se mostró "orgulloso por los frutos obtenidos" en el trabajo junto con los bolivianos. Goldberg lamentó que, a pesar de los "esfuerzos" de su país, las relaciones bilaterales con el Gobierno boliviano no hayan mejorado y expresó sus "mejores deseos" para que los pueblos de EEUU y Bolivia "mantengan sentimientos de amistad y respeto", dijo.
El prefecto de Pando pide a la población que acepte el estado de sitio
Mientras, el prefecto de la región boliviana de Pando, el opositor Leopoldo Fernández, pidió a la población que acepte, "aunque nos duele mucho", el estado de sitio impuesto por el Gobierno y dijo que aceptaría una investigación sobre los choques entre civiles, pero que su detención sería "un abuso".
"Hemos podido pedirle a la población, aunque repudiando y rechazando una decisión de esta naturaleza, que se acepte algo que nos duele mucho, (porque) había que hacer los esfuerzos para evitar mayores confrontaciones", dijo Fernández en declaraciones telefónicas a Efe. También afirmó que está dispuesto a una investigación pero no aceptará "el abuso" de ser detenido porque, recordó, es una "autoridad electa".
El prefecto dijo que permanece en Cobija, la capital de Pando, en su casa, e invitó al ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, (que se encuentra en la región) a acudir a su domicilio para dialogar. Según Fernández, en Cobija hay "una tranquilidad relativa y tensa" después de la incursión realizada esta madrugada por las Fuerzas Armadas para hacer cumplir el estado de sitio decretado por el Gobierno de Evo Morales.
Destacó que la incursión militar de esta madrugada no ha tenido consecuencias mayores como se temía, salvo incidentes aislados y reconoció que "no hubo mayores abusos" de los militares.
El Gobierno acusa a Fernández de ser responsable de "genocidio" contra campesinos por un enfrentamiento en el que hubo al menos treinta muertos, según datos oficiales, aunque sólo 17 han sido registrados formalmente porque los demás cadáveres aún no han sido recuperados de los montes y el río cercanos a la zona en conflicto.
El prefecto negó estas acusaciones y reclamó que el Gobierno constituya una comisión que investigue sobre esas muertes, la mayoría ocurridas en un choque entre campesinos leales a Morales y grupos opositores. "El Gobierno está mostrando al mundo entero un genocidio, una masacre, y yo me pregunto por qué entonces no ha conformado una comisión para hacer una investigación que establezca responsabilidades y se sancione a culpables", dijo Fernández.
Calificó como "una película" las afirmaciones del Gobierno de que la Prefectura habría contratado sicarios y narcotraficantes peruanos y brasileños para actuar en los enfrentamientos, pero sí reconoció que hay algunas personas armadas con las que no tiene conexión alguna. Fernández anunció que ha pedido a representantes de Naciones Unidas, del Defensor del Pueblo y de la Iglesia católica que intenten una mediación para que llegue a Cobija una comisión de investigación además de prensa nacional e internacional.
El ministro Quintana anticipó la noche del sábado que Fernández será detenido bajo la acusación de desacato al estado de sitio y porque, a su juicio, él organizó a los grupos que atacaron a los campesinos el pasado jueves. Fernández dijo que ante esa "bravuconada" y "amedrentamiento" esperará a Quintana en su casa de Cobija, de donde no se ha ido "ni un solo minuto" al vecino Brasil, como han señalado algunos medios e incluso miembros del Gobierno.
Subrayó que el Ejecutivo de Evo Morales actúa siempre con "una lógica" que crea escenarios de conflicto porque no está preparado para gobernar el país. "Si no una cosa es la otra, se acuestan y despiertan pensando en conflictos. Eso hizo en todas partes del país durante estos dos años y medio de gestión", comentó el prefecto, quien forma parte de un bloque opositor autonomista junto a líderes de Santa Cruz, Beni, Chuquisaca y Tarija.