LD (EFE) Al filo de la medianoche de este miércoles, el Gobierno de Quito y las autoridades de la provincia de Napo alcanzaron un acuerdo que puso fin a tres días de violentas protestas en esa zona de la Amazonía ecuatoriana, que afectaron a varias instalaciones petroleras estratégicas. Al menos quince personas resultaron heridas y más de veinte detenidas.
La Policía denunció que tres de los agentes heridos, uno de ellos grave, fueron alcanzados por explosiones de cartuchos de dinamita, presuntamente lanzados por los manifestantes, que por su parte acusaron a los gendarmes de herir de bala a los suyos.
La zona de la protesta se convirtió, según varios políticos, en "un campo de batalla" situado en un terreno "sembrado de petróleo", pues en Napo se asienta gran parte de la industria petrolera de Ecuador y cruzan dos oleoductos, uno privado y otro estatal, que juntos transportan unos quinientos mil barriles diarios de crudo.
Después de los violentos enfrentamientos, ocurridos en el sector de Baeza, a unos cien kilómetros al este de Quito, y en medio de un estado de excepción declarado la noche del lunes por el presidente, Alfredo Palacio, el Gobierno decidió enviar una comisión para negociar una solución al conflicto. La prefecta (la mayor autoridad de elección popular) de Napo, Gina Sanmartín, que junto con otros alcaldes de la provincia convocó la protesta contra el Gobierno en demanda de obras de infraestructuras, suscribió el pacto con el Ejecutivo, aunque la televisión advirtió de que algunos ediles no conocían la firma del convenio.