Mientras las principales ciudades amanecieron con un fuerte despliegue policial y militar, en la capital la situación fue de total normalidad, a la espera de la jornada de este miércoles, en la que está convocada una gran manifestación en el centro de Lima.

Sin embargo, en las regiones sureñas del país el paro, al que se han sumado gremios de transportistas y de trabajadores del sector educativo, sí se sintió y degeneró incluso en puntuales enfrentamientos entre manifestantes y las fuerzas de seguridad.

En Puno los huelguistas bloquearon la carretera hacia Juliaca y Desaguadero (paso fronterizo con Bolivia) y un grupo de estudiantes de la Universidad Nacional del Altiplano impidieron el tránsito en algunos calles de la ciudad, según la agencia estatal Andina.

En Arequipa, unos 1.000 kilómetros al sur de Lima, la policía también informó de bloqueos de vías, mientras que el paro en el servicio de transporte público fue parcialmente secundado, dificultando el desplazamiento de la población a sus lugares de trabajo. Además se registraron enfrentamientos que se saldaron, según Radio Programas del Perú (RPP), con dos civiles heridos y dos detenidos. En la ciudad de Pisco y en la región de Ayacucho, respectivamente a unos 250 y unos 575 kilómetros al sur de la capital, se reportaron bloqueos de vías desde primeras horas de la mañana, según informó RPP.

Unos 35.553 agentes policiales y 6.259 soldados brindaron seguridad a diversos puentes y carreteras, así como instalaciones eléctricas, gasísticas y petroleras, entre otros puntos estratégicos, aseguró hoy la ministra peruana del Interior, Mercedes Cabanillas, en una entrevista a la estatal TV Perú.

La protesta andina y amazónica de tres días está convocada por el Frente Nacional por la Vida y la Soberanía, creado para respaldar los reclamos de las comunidades indígenas, y será acatado por organizaciones agropecuarias de Puno, Arequipa, Apurímac, Ayacucho, Huancavelica, Junín, Pasco, Huanuco y Áncash.

Las demandas son diversas y pasan por la derogación de todos los decretos aprobados para adecuar la legislación peruana al Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, así como de la Ley de Recursos Hídricos (declara a ese recurso como patrimonio nacional y establece las prioridades de su uso), entre otras exigencias. Las protestas violentas por los recursos naturales (petróleo, minerales o agua), demandas sociales, medio ambientales o financieros se repiten con frecuencia en distintas regiones del interior del país.

Los hechos más graves, en el marco de una protesta de las comunidades indígenas de la Amazonía contra varios decretos legislativos, se produjeron el pasado 5 de junio en Bagua (norte amazónico), cuando se saldaron con 24 policías muertos y 10 civiles.