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El juez Orlando Villoni explica en su recurso al Constitucional que tal y cómo está planteada esa ley, la inmunidad de los cuatro cargos más importantes del Estado también es aplicable a una fase de investigaciones preliminares y, por tanto, pide instrucciones de cómo proceder.
La llamada Ley Alfano, por el nombre de su autor el ministro de Justicia (Angelino Alfano), establece la inmunidad para los presidentes de la República y del Gobierno y de la Cámara de Diputados y el Senado, y prevé que estos no sean juzgados o investigados durante la duración de su mandato por delitos que no sean relativos a su cargo institucional.
Villoni se ocupa del caso de los presuntos ofrecimientos que Berlusconi hizo durante su etapa en la oposición a senadores del Gobierno para que cambiaran de bando e hicieran así caer el Ejecutivo de Romano Prodi, que en el Senado contaba sólo con dos escaños de ventaja.
La citada ley está causando incertidumbres en el sistema judicial, visto que los dos procesos en los que está acusado Berlusconi han sido suspendidos en espera de la decisión del Tribunal Constitucional italiano.
Así lo decidió el pasado 4 de octubre el tribunal que enjuicia al primer ministro italiano por el supuesto pago de 580.000 euros al abogado David Mills, también imputado, a cambio de que falseara su testimonio en dos procesos contra Berlusconi, de los que fue absuelto.
Mientras que el 26 de septiembre el magistrado encargado de enjuiciar las irregularidades en la compraventa de derechos televisivos de Mediaset, empresa propiedad de Berlusconi, también decidió suspender el proceso seguido contra él y enviar las actas al Tribunal Constitucional para que decida cómo proseguir.
En 2004, el máximo intérprete de la Constitución anuló ya otra ley parecida aprobada por el Gobierno de Berlusconi, en la que también se garantizaba la inmunidad a los altos cargos del Estado.
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