L D (EFE) Las dos Cámaras legislativas alemanas abrieron este viernes el debate sobre la reforma del federalismo, una ley que modifica el reparto de competencias entre el Estado y los "laender" (estados federados) con objeto de agilizar la toma de decisiones. Las sesiones, celebradas en paralelo en el Bundestag (Cámara Baja) y Bundesrat (Cámara Alta), estuvieron marcadas por el deseo de los parlamentarios aprobar una reforma en discusión desde hace años.
También quedó patente la disconformidad sobre algunos puntos del compromiso confeccionado por la gran coalición de Gobierno.
Las críticas, formuladas ante todo por diputados socialdemócratas y de la oposición verde, se refieren principalmente a la cesión de poder en materia educativa a los "laender" (estados federados), que asumirán la plena responsabilidad no sólo, como hasta ahora, en el ámbito escolar, sino también en la formación universitaria.
Esto significa que, en el futuro, las reglas de acceso a la universidad podrán variar totalmente entre los estados federados. En el "Bundesrat", el jefe del gobierno de Baviera, Edmund Stoiber, uno de los arquitectos de la reforma, recordó lo difícil que había sido llegar al actual compromiso y advirtió del peligro que supondría reabrir el paquete legislativo acordado.
Pero su colega de Schleswig-Holstein, el también conservador Peter Harry Cartensen, advirtió de que el paquete actual comporta una serie de desventajas para los estados pequeños como el suyo. El paquete incluye más de cuarenta enmiendas constitucionales, lo que constituye la mayor reforma de la Carta Magna desde que se fundó la República Federal de Alemania, en 1949.
El sistema todavía vigente, ideado en buena parte por los aliados tras la Segunda Guerra Mundial para potenciar la descentralización y evitar un resurgimiento de una potencia alemana, ha ido acumulando con el tiempo vicios que dificultan la gobernabilidad del país.
Casi el 70 por el ciento de las leyes que emanan del Bundestag deben ser sometidas a la ratificación del Bundesrat, lo que en la práctica implica un persistente bloqueo del legislativo. La reforma pretende básicamente reducir del 60% al 35 ó 40% las leyes que requieren de la aprobación del Bundesrat.
A cambio de obtener más centralización en áreas como la lucha contra el terrorismo, el armamento y la energía nuclear, el Estado cede competencias en la gestión del funcionariado, el sistema penitenciario, los derechos notariales y la educación, por ejemplo.
Donde no habrá cesión alguna de los "laender" al Estado es en las leyes que comporten cargas financieras a los estados federados. Un artículo constitucional nuevo regulará, además, el compromiso conjunto de Estado y "laender" sobre disciplina presupuestaria en caso de que la Unión Europea (UE) imponga sanciones.
En el caso de que hubiera que pagar, por ejemplo, una multa por déficit excesivo, pero también sanciones por la violación de directrices comunitarias o si hay una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el Estado asumiría el 65% y los "laender", el 35% de la responsabilidad.
Las críticas, formuladas ante todo por diputados socialdemócratas y de la oposición verde, se refieren principalmente a la cesión de poder en materia educativa a los "laender" (estados federados), que asumirán la plena responsabilidad no sólo, como hasta ahora, en el ámbito escolar, sino también en la formación universitaria.
Esto significa que, en el futuro, las reglas de acceso a la universidad podrán variar totalmente entre los estados federados. En el "Bundesrat", el jefe del gobierno de Baviera, Edmund Stoiber, uno de los arquitectos de la reforma, recordó lo difícil que había sido llegar al actual compromiso y advirtió del peligro que supondría reabrir el paquete legislativo acordado.
Pero su colega de Schleswig-Holstein, el también conservador Peter Harry Cartensen, advirtió de que el paquete actual comporta una serie de desventajas para los estados pequeños como el suyo. El paquete incluye más de cuarenta enmiendas constitucionales, lo que constituye la mayor reforma de la Carta Magna desde que se fundó la República Federal de Alemania, en 1949.
El sistema todavía vigente, ideado en buena parte por los aliados tras la Segunda Guerra Mundial para potenciar la descentralización y evitar un resurgimiento de una potencia alemana, ha ido acumulando con el tiempo vicios que dificultan la gobernabilidad del país.
Casi el 70 por el ciento de las leyes que emanan del Bundestag deben ser sometidas a la ratificación del Bundesrat, lo que en la práctica implica un persistente bloqueo del legislativo. La reforma pretende básicamente reducir del 60% al 35 ó 40% las leyes que requieren de la aprobación del Bundesrat.
A cambio de obtener más centralización en áreas como la lucha contra el terrorismo, el armamento y la energía nuclear, el Estado cede competencias en la gestión del funcionariado, el sistema penitenciario, los derechos notariales y la educación, por ejemplo.
Donde no habrá cesión alguna de los "laender" al Estado es en las leyes que comporten cargas financieras a los estados federados. Un artículo constitucional nuevo regulará, además, el compromiso conjunto de Estado y "laender" sobre disciplina presupuestaria en caso de que la Unión Europea (UE) imponga sanciones.
En el caso de que hubiera que pagar, por ejemplo, una multa por déficit excesivo, pero también sanciones por la violación de directrices comunitarias o si hay una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el Estado asumiría el 65% y los "laender", el 35% de la responsabilidad.