Un periodista muere cada mes en México a causa del ejercicio de su trabajo, y los que corren mejor suerte "solamente" sufren amenazas, ataques y agresiones violentas. Y es que, hace años que Reporteros Sin Fronteras lleva años alertando de el brutal acoso que sufren los profesionales de la comunicación en el país iberoamericano, y la consecuetne agresión a la libertad de expresión.
La matanza del periodista Juan Daniel Martínez Gil, el lunes pasado, ha hecho de nuevo saltar las alarmas sobre la situación que atraviesa la prensa mexicana. El Instituto Internacional de la Prensa (IPI) además, ha recordado que la mayor parte de estos crímenes quedan impunes, no se encuentra a los periodistas secuestrados, o jamás se llega a detener a los culpables.
Por ello, el director del instituto, David Dadge, ha colocado la pelota en el tejado del Gobierno Mexicano: "Este ciclo de impunidad que parece de nunca acabar, no sólo daña la libertad de prensa en México, sino que también socava la confianza en la capacidad del Gobierno de cumplir con otros derechos humanos fundamentales".
También la ONU emplaza al gobierno de Calderón a plantarle cara al crimen organizado, e insta al ejecutivo mexicano a proporcionar una "prioridad máxima" a su control. El delegado de las Naciones Unidas para la libertad de expresión y opinión, Frank La Rue, ha asegurado que "México debe crear un mecanismo entre periodistas y el Estado, que garantice la protección y resguardo de los comunicadores".
Pero lo cierto es que las mejoras legislativas del Gobierno Mexicano se han centrado en eliminar los delitos de prensa a nivel federal, pero los cientos de periodistas continúan desprotegidos, con un índice de ataques violentos que supera los 400 al mes.
En Febrero de 2006 se creó la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Cometidos contra Periodistas (FEADP), pero los datos cuestionan su eficacia y dejan poco lugar a la esperanza.
Las cosas se complican aún más para Calderón cuando se ponen nombres y apellidos a los autores de las extorsiones y amenazas a periodistas. Según denuncia la ONG "Defensora por la libertad de expresión Artículo 19" el 47 % de las agresiones cometidas el pasado año, fueron producidos por funcionarios públicos, entre los que se encuentran 9 policías, 7 militares, 5 alcaldes y 3 gobernadores.
Como concluye la ONG, "México sigue sin poder garantizar el ejercicio de uno de los derechos claves para el fortalecimiento de un régimen que pretenda ser democrático: la libertad de expresión". No cabe duda que en México, la de periodista no es "la profesión más bella del mundo", como proclamaba García Márquez.