Haidar fue detenida el viernes en el aeropuerto de El Aaiún cuando regresaba de recibir en Nueva York el "Premio Coraje Civil 2009" de la Fundación Train por su defensa de los derechos humanos. La conocida como la "Ghandi saharaui" fue expulsada al día siguiente a la isla española de Lanzarote, donde anoche inició una huelga de hambre en protesta por su situación.

Moratinos explicó el domingo que España facilitó la llegada a Lanzarote de la activista saharaui, ya que tiene tarjeta de residencia legal. "Si por razones administrativas, (Haidar) no ha rellenado los requisitos que el Gobierno marroquí le pide, lo que hemos hecho es facilitar la llegada a Lanzarote", dijo el jefe de la diplomacia española y agregó que se ha hecho "nada más y nada menos que lo que corresponde hacer a un país donde esta ciudadana tiene la tarjeta de residencia legal".

En un comunicado difundido por la agencia argelina APS, Uld Salek consideró este lunes que las declaraciones de Moratinos "intentan justificar los inaceptables argumentos técnicos marroquíes" sobre la expulsión. "En primer lugar, Aminatu Haidar rellenó la carta de desembarque en El Aaiún, como siempre lo ha hecho como ciudadana del Sáhara Occidental", indicó y aseguró que "Marruecos no puede obligar a los ciudadanos saharauis que residen en los territorios ocupados a declarar que son marroquíes".

El dirigente del movimiento independentista Frente Polisario consideró que, en virtud de las convenciones internacionales Marruecos, "como potencia ocupante, tiene la obligación de suministrar la documentación y los papeles administrativos individuales a las personas que se encuentran bajo ocupación".

Asimismo, sostuvo que Moratinos "no puede abrazar la versión de la Policía marroquí sin ser acusado de colaboración o de connivencia" y aseguró que el ministro español "sabe perfectamente" que la expulsión de Haidar es un "acto grave" ya que Marruecos "no tiene ningún derecho a expulsar" a un ciudadano saharaui de su país.

A su juicio, las normas internacionales prohíben a España recibir a una persona expulsada "sobre todo contra su voluntad" como ha sido el caso. Uld Salek señaló que las autoridades saharauis han instado al Gobierno español a permitir a Haidar "regresar a su país, el Sáhara Occidental", y a actuar para que pueda ejercitar "todos sus derechos, incluido el de expresión y libre circulación".