LD (EFE) En una inesperada rueda de prensa, Rubén Ramírez, canciller de Paraguay, confirmó que la expulsión de ciudadanos paraguayos en el aeropuerto de Madrid han motivado el sorpresivo aplazamiento de la visita oficial a España del presidente Nicanor Duarte, prevista para el 7 y 8 de mayo próximo.
Ramírez señaló que por "la penosa situación por la que están atravesando nuestros compatriotas en su deseo de ingresar al territorio español, el señor presidente de la república ha decidido posponer su visita al reino de España". El inesperado anuncio tuvo lugar un día después de que el propio canciller y el embajador español en Paraguay, Eduardo de Quesada, ofreciesen una rueda de prensa conjunta en la que dijeron que esos problemas migratorios se tratarían durante la visita de Duarte.
En su viaje a España, Duarte, que estaría acompañado por tres ministros y una representación de empresarios, firmaría un programa piloto para la contratación de emigrantes en origen, los recursos de la cooperación española para el cuatrienio 2007-2011 y el canje de unos diez millones de dólares (7,4 millones de euros) de deuda con España por educación. Además, se concretaría la apertura de un consulado general en Madrid y una asesoría jurídica para asistir a los paraguayos que se encuentran en España.
Fuentes diplomáticas indicaron que la agenda de la visita de Duarte y su delegación estaba cerrada y que el presidente paraguayo, entre otras actividades, cenaría con el Rey Juan Carlos, y que mantendría una reunión con el jefe del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero.
En la conferencia, el jefe de la diplomacia paraguaya anunció también que en las próximas horas remitirá al Senado la designación de Óscar Caballero al frente de la embajada de su país en España, que permanece vacante desde diciembre de 2005 tras el regreso de Nelson Argaña a su escaño en la Cámara Alta. El Gobierno de Asunción no ha cubierto hasta ahora otras representaciones vacantes, entre ellas la de Argentina, cuyos nombres deben ser aprobados por los senadores, debido al boicot sistemático de la mayoría opositora en el Congreso a los proyectos del Ejecutivo.