L D (Mercedes R. Martín) Este miércoles se votaba en la Comisión de Exteriores del Congreso de los Diputados una Proposición No de Ley impulsada por el PP y que quería mandar un mensaje de apoyo a la oposición venezolana tras las elecciones municipales celebradas en el país sudamericano. Los comicios supusieron un duro revés para Chávez, que no pudo impedir que sus opositores fueran respaldados en las provincias con mayor peso económico y demográfico.
El proceso electoral se vio sometido a las maniobras que, desde el Gobierno, se hicieron para intentar silenciar a la oposición. Una de ellas, la apertura de expedientes de inhabilitación administrativa contra candidatos contrarios a Chávez, ha sido llevada hasta el Congreso por el PP con el objetivo de mostrar el rechazo de la cámara a estas "herramientas de eliminación de la competencia política".
Sin embargo, la Proposición No de Ley, que también exigía a Venezuela el levantamiento de las inhabilitaciones, no ha logrado salir adelante. Mientras los partidos minoritarios han optado por abstenerse en la votación, el PSOE ha decidido votar en contra. Una decisión que, según ha declarado a LD el diputado Guillermo Mariscal , de la comisión de Exteriores, resulta “impresentable”.
Mariscal ha recordado que los expedientes administrativos abiertos contra miembros de la oposición han impedido a 271 candidatos concurrir a las elecciones. Algunos de ellos estaban, incluso, en activo, y la decisión les impidió participar en los comicios sin que hubiera contra ellos una sentencia firme, en contra de lo que establece la propia Constitución de Venezuela.
Desde el PSOE se hace la lectura de que los resultados en Venezuela demuestran que sí hay democracia en el país gobernado por Chávez y se escudan, para rechazar la proposición, en que finalmente los expedientes sí fueron validados por las autoridades judiciales.
Desde el PP, cuestionan la independencia de los tribunales venezolanos por sus vínculos con el Gobierno de Chávez y lamentan que el rechazo de los socialistas impida que se respalde desde la Cámara a la oposición venezolana. El rechazo a la iniciativa llega, además, cuando una empresa española con importantes intereses en Venezuela, Repsol, está en el centro de la polémica por el interés de Lukoil en hacerse con su control.
El proceso electoral se vio sometido a las maniobras que, desde el Gobierno, se hicieron para intentar silenciar a la oposición. Una de ellas, la apertura de expedientes de inhabilitación administrativa contra candidatos contrarios a Chávez, ha sido llevada hasta el Congreso por el PP con el objetivo de mostrar el rechazo de la cámara a estas "herramientas de eliminación de la competencia política".
Sin embargo, la Proposición No de Ley, que también exigía a Venezuela el levantamiento de las inhabilitaciones, no ha logrado salir adelante. Mientras los partidos minoritarios han optado por abstenerse en la votación, el PSOE ha decidido votar en contra. Una decisión que, según ha declarado a LD el diputado Guillermo Mariscal , de la comisión de Exteriores, resulta “impresentable”.
Mariscal ha recordado que los expedientes administrativos abiertos contra miembros de la oposición han impedido a 271 candidatos concurrir a las elecciones. Algunos de ellos estaban, incluso, en activo, y la decisión les impidió participar en los comicios sin que hubiera contra ellos una sentencia firme, en contra de lo que establece la propia Constitución de Venezuela.
Desde el PSOE se hace la lectura de que los resultados en Venezuela demuestran que sí hay democracia en el país gobernado por Chávez y se escudan, para rechazar la proposición, en que finalmente los expedientes sí fueron validados por las autoridades judiciales.
Desde el PP, cuestionan la independencia de los tribunales venezolanos por sus vínculos con el Gobierno de Chávez y lamentan que el rechazo de los socialistas impida que se respalde desde la Cámara a la oposición venezolana. El rechazo a la iniciativa llega, además, cuando una empresa española con importantes intereses en Venezuela, Repsol, está en el centro de la polémica por el interés de Lukoil en hacerse con su control.