Vilalta y Pascual fueron capturados junto a una tercera española, Alicia Gámez, cuando participaban en el último convoy de la Caravana Solidaria organizada por la ONG Barcelona Acción Solidaria (BAS). Gámez fue puesta en libertad por sus secuestradores y llegó a Barcelona el pasado 10 de marzo.
La caravana fue atacada por milicianos de Al Qaeda en la carretera entre las ciudades mauritanas de Nuadibú y Nuakchot. El convoy, formado por un total de 14 vehículos que transportaban material de cooperación, viajaba en dirección a Dakar, capital de Senegal. En el momento del asalto, el vehículo de los cooperantes se encontraba a tres kilómetros del resto del convoy, que escuchó disparos a través de la radio que interconectaba a toda la expedición.
Cuando dieron la vuelta para buscar a sus compañeros, se encontraron el Land Rover vacío, con las puertas abiertas, con casquillos de bala alrededor, pero sin manchas de sangre. En ese lugar se podían ver también huellas de otro vehículo dirigiéndose hacia el interior del desierto.
Inmediatamente después del secuestro, la Embajada española pidió al Ejército mauritano que escoltara al resto del convoy, formado por un total de unas 40 personas, hasta Nuakchot, mientras España, Mauritania y Malí desplegaron un dispositivo por tierra y aire para localizar a los secuestrados y evitar la huida de sus captores a otro país. Los secuestradores fueron más rápidos y consiguieron refugiarse con sus rehenes en el norte de Malí.
Menos de 24 horas después del secuestro, el ministro español del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, advertía de que el asalto a la caravana solidaria podía ser obra de Al Qaeda del Magreb Islámico, hipótesis que se confirmó el 8 de diciembre, cuando el grupo terrorista reivindicó el secuestro de los tres españoles y del ciudadano francés Pierre Camatte, apresado en Malí, y liberado el 23 de febrero.
Casi ocho meses después del rapto, el pasado 21 de julio, un tribunal de Nuakchot condenó a 12 años de cárcel con trabajos forzados al hasta ahora único imputado por el secuestro de los cooperantes, Omar Ould Sid'Ahmed Ould Hamma, alias 'Omar Saharaui'.
El 11 de agosto, el tribunal de apelaciones de la capital mauritana confirmó la sentencia al considerarle el máximo responsable del rapto y el pasado lunes, día 16, fue extraditado a Mali, un movimiento que podría ser la condición que hubieran puesto los secuestradores para liberar a Vilalta y Pascual.
Con el fin de no repetir los mismos errores que se produjeron en el secuestro del buque 'Alakrana' por piratas somalíes, el Gobierno estableció desde el primer día un canal de comunicación fluido con las familias y la ONG a la que pertenecían los cooperantes a través de la secretaria de Estado de Cooperación Internacional, Soraya Rodríguez, que les dio su número de teléfono móvil.
Al margen de unos escuetos comunicados que el Gobierno publicó en los primeros días del secuestro, el Ejecutivo ha mantenido una política informativa basada en evitar aportar datos sobre las gestiones en marcha y pedir "prudencia y discreción" cada vez que la prensa le preguntaba por los cooperantes.
Hasta el 30 de diciembre, el Gobierno no confirmó que uno de los secuestrados, Albert Vilalta, resultó herido de bala en una pierna durante el secuestro. La ONG informó entonces de que Exteriores tenía garantías de que los captores habían permitido que Vilalta recibiera la atención médica necesaria.
La propia Gámez y la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, aportaron algunos detalles más el 10 de marzo. De la Vega reveló en una entrevista en la Cadena Ser que el Gobierno había recibido varias pruebas de vida durante el secuestro, desde algún vídeo hasta "cartas", "fotografías" y "llamadas a los familiares". "Cuando pedíamos una prueba de vida se producía", indicó.
En uno de esos vídeos se ve a Alicia Gámez enfrentarse con los captores, a los que en alguna ocasión llamó "cerdos" en francés, han informado a Europa Press fuentes cercanas a las negociaciones para liberar a los rehenes.
En una breve comparecencia ante los medios de comunicación nada más aterrizar en Barcelona, Gámez aseguró que sus captores les habían tratado "bien y con respeto dentro de las limitaciones propias del desierto".
De la Vega también informó de que en un primer momento "se barajó que se pudiera liberar antes a Albert" por las heridas de bala que presentaba en la pierna, de las que acabó recuperándose. Y negó que el Gobierno haya concedido ninguna "contrapartida" o rescate al grupo terrorista.
El Ejecutivo nunca hizo públicas, en cambio, las condiciones que pusieron los captores para liberar a los rehenes españoles. En el vídeo de reivindicación del 8 de diciembre, Al Qaeda en el Magreb Islámico señalaba que haría llegar a los Gobiernos español y francés sus exigencias.
Tampoco la célula que retuvo a los españoles difundió sus reivindicaciones concretas, al contrario de lo que ocurrió en el secuestro de un ciudadano francés y una pareja de italianos que cayeron también en manos de este grupo terrorista, para los que se pidió la liberación de varios prisioneros.
A pesar del secuestro, la ONG para la que trabajaban los cooperantes decidió continuar con la caravana y cumplir así su objetivo. Se trata de una ONG fundada en 2000 que tiene su sede social en la capital catalana.
Acción Solidaria organiza "caravanas solidarias" por países del África Occidental desde el año 2000. Estos convoyes se encargan de abastecer de material para proyectos de cooperación a diferentes ONG que trabajan en Marruecos, Senegal y Gambia "a coste cero, en quince días y en las mejores condiciones posibles", según la página web de la entidad.
Barcelona Acción Solidaria también realiza otras labores como el apoyo al llamado turismo solidario y la sensibilización de la población de Cataluña sobre "la realidad" de los países del África Occidental y Oriente Próximo.
Vilalta, director general de Tabasa y Túnel del Cadí desde abril de 2007, es miembro de Barcelona Acción Solidaria desde hace años, y esta caravana solidaria no es la primera en la que participa. Es hijo de Albert Vilalta, que fue consejero de Medio Ambiente en el Gobierno de Jordi Pujol.
Roque Pascual también colabora con Barcelona Acción Solidaria desde hace años, y tampoco era su primera caravana. Además, colabora en otros voluntariados, y en 2007 fue nombrado patrono de la Fundació Tallers, un centro que facilita que los discapactitados psíquicos accedan al mundo laboral.
Alicia Gámez es funcionaria del juzgado de primera instancia número 26 de Barcelona.