Más de cuarenta candidatos concurren a las segundas elecciones a la jefatura de Estado en Afganistán desde 2001, año en que cayó el régimen talibán con la intervención estadounidense y en que Hamid Karzai se convirtió en presidente de un Gobierno interino, con representantes de todas las etnias del país.
Las primeras elecciones, las de 2004, dieron a Karzai el respaldo de las urnas, pero la situación ha cambiado desde esa fecha. La guerra contra los terroristas se ha recrudecido y el Gobierno de Karzai sigue sin conseguir controlar buena parte del territorio afgano, en manos de los talibanes. En los últimos años y, en particular, en los últimos meses, la violencia ha aumentado y también las bajas entre las tropas de los 42 países liderados por la OTAN para tratar de llevar la estabilidad al país.
Los pronósticos apuntan a una victoria de Hamid Karzai pero no en primera vuelta. El desgastado actual presidente acusa los años en el poder sin que se atisbe el final de la guerra en el país. La corrupción y el narcotráfico –Afganistán es el mayor productor de opio del mundo– son otras de las sombras de su mandato. El segundo candidato mejor situado es Abdullah Abdullah, que formó parte del Gobierno de Karzai hasta 2006 y que combatió a los talibanes junto a la Alianza del Norte antes de que fueran desalojados del poder.
A los inmensos problemas que tendrá que seguir haciendo frente el candidato que resulte elegido, se suma la amenaza terrorista. El mensaje de los talibán ha sido contundente desde que comenzó la campaña hace dos meses. Su objetivo es boicotear unas elecciones que suponen un paso más en la difícil democratización de Afganistán y desestabilizar aún más la región con atentados que también persiguen causar bajas en las fuerzas internacionales y en el precario Ejército que comienza a formarse entrenado por tropas de la Alianza.
Ante este complicado escenario, la principal misión de los más de 60.000 soldados desplegados por la OTAN en Afganistán es tratar de garantizar la seguridad de los más de 17 millones de afganos que se han inscrito para votar y que deberán elegir bajo la amenaza de las bombas talibán. La tarea, sin embargo, no resultará fácil: sólo en julio, 76 soldados extranjeros perdieron la vida en ataques terroristas y agosto está resultando aún más sangriento. El pasado sábado, las bombas llegaron a las puertas del blindado cuartel de la OTAN en Kabul, la capital afgana, donde un terrorista suicida acabó con la vida de siete personas.
La delicada situación que se preveía para la cita del 20 de agosto llevó a la OTAN y a EEUU, el país con más soldados en la ISAF y que cuenta con otra misión, “Libertad Duradera”, en Afganistán, a solicitar más efectivos para tratar de llevar una relativa seguridad a la cita electoral. Pacificar el país y terminar con una guerra que dura ya ocho años se ha convertido en uno de los principales objetivos del presidente Obama y por ello ha pedido en repetidas ocasiones a sus socios de la Alianza más efectivos para acelerar la democratización de la zona y acabar con los reductos terroristas en el sur y el este del país.
El llamamiento de Obama fue atendido por varios países en la última cumbre de la OTAN, entre ellos España, que lleva colaborando con la misión de la ISAF desde 2002. El Gobierno decidió en abril el envío de 450 soldados, que se sumarían a los casi ochocientos que ya tiene nuestro país desplegados en Herat y Badghis. El truco dialéctico para camuflar el aumento de los efectivos españoles en la zona fue el término “batallón electoral” con el que bautizó José Luis Rodríguez Zapatero a la aportación española. Su misión, prometió, sería temporal: colaborar en el desarrollo seguro del proceso electoral.
Con este anuncio, el presidente del Gobierno respondía a la petición de Obama un día antes de su primer encuentro y también intentaba mandar el mensaje a la opinión pública española de que se trataba de un envío temporal de refuerzos. Y es que a Zapatero, abanderado del “No a la guerra” en la oposición y que sacó las tropas de Irak nada más llegar al poder, cada vez se le está haciendo más complicado definir como “misión de paz” la complicada tarea de nuestras tropas en Afganistán.
Desde su entrada en el país, el contingente español no ha hecho más que aumentar y enfrentarse a un peligro creciente por la ofensiva de los terroristas, cuyo radio de acción se ha ido extendiendo desde su feudo en el sur del país hasta las provincias supuestamente más tranquilas donde operan nuestras tropas. Convertida en la misión que se ha cobrado más vidas del Ejército español, un total de 87 militares españoles han perdido la vida desde el inicio de la colaboración con la ISAF.
A las muertes en el accidente del Yak 42, se suman las 17 víctimas del siniestro del Cougar en 2005 y los seis muertos que el Gobierno ha terminado por reconocer como caídos en actos de guerra: en 2006, perdió la vida Jorge Arnaldo Hernández por la explosión de una bomba activada a distancia; en 2007 murieron Idoia Rodríguez, por la explosión de una mina al paso de su vehículo, y Stanley Mera y Germán Pérez por otra explosión contra su BMR, y en 2008 fallecieron Juan Andrés Suárez y Rubén Alonso Ríos en el primer atentado suicida contra nuestras tropas.
A estas muertes se suman los incidentes y ataques directos que ha venido sufriendo el destacamento español desde 2006, con disparos y lanzamientos de cohetes contra las bases o tiroteos contra las tropas en misiones de reconocimiento. Los dos últimos ocurrieron la pasada semana, coincidiendo con el recrudecimiento de la actividad terrorista de los talibán.
El “batallón electoral” del que habló Zapatero deberá permanecer en Afganistán, al menos, todo el mes de septiembre y algunas semanas de octubre si finalmente hay segunda vuelta. Pero cada vez parece más claro que el presidente tendrá que ceder ante la petición de Obama de más compromiso de los aliados en la pacificación del país. Aún no hay anuncio oficial de un incremento permanente de tropas, pero la ministra Carme Chacón parece ir preparando el terreno: la semana pasada reconoció que es la misión más peligrosa a la que se enfrentan nuestros soldados y hace unos días apuntó la posibilidad de pedir al Congreso un refuerzo del destacamento español. Refuerzo que coincide, por otro lado, con la polémica retirada de la misión española en Kosovo.
En Afganistán, a la amenaza terrorista se suma, además, una complicadísima orografía que ralentizará tanto la participación en las elecciones como el recuento de los votos. Los resultados, previsiblemente, no se conocerán de forma definitiva hasta el 17 de septiembre, aunque para el día tres ya podría difundirse un avance. El éxito del proceso será clave para el futuro de un país en el que la democracia sigue lejos de implantarse y para avanzar en la lucha contra el terrorismo, que está haciendo de Afganistán su principal feudo. El debate del papel de nuestras tropas se reavivará, con mucha seguridad, también en las próximas semanas: Zapatero, como otros presidentes europeos, tendrá que decidir si refuerza su apoyo a EEUU en una misión que no es de paz, sino de guerra contra el terror.