En una serie de preguntas registradas en el Congreso, García Legaz sostiene que las autorizaciones a la exportación de gas lacrimógeno a Venezuela, que en 2008 importaron un total de 111.450 euros, debieran ser denegadas "por existir indicios racionales de que pueden ser empleados de manera contraria al respeto debido y la dignidad inherente al ser humano, con fines de represión interna o en situaciones de violación de derechos humanos".

El dirigente de la fundación que preside José María Aznar recuerda que los criterios 2 y 3 del Código de Conducta de la Unión Europea en materia de exportación de armas recalcan que debe tenerse en cuenta el respeto a los derechos y humanos del destinatario de ese material "con especial consideración respecto a su posible uso con fines de represión interna".

"¿Opina el Gobierno que las exportaciones de gas lacrimógeno con destino a las Fuerzas Armadas y a la Policía de Venezuela no vulneran el espíritu de la ley 53/2007, en cuyo preámbulo se establece que España tiene el deber de garantizar que dichas exportaciones no fomenten la violación de los derechos humanos", pregunta el diputado.