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PEDIRÁ AL GOBIERNO QUE PARE LA INVESTIGACIÓN

Indignación en Jerusalén por la "maniobra política cínica y antiisraelí"

El portavoz del ministerio israelí de Exteriores, Igal Palmor, considera que "ha quedado claro" que la causa abierta por el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu "es una maniobra política" y lamenta que se emplee la justicia española para "una causa antiisraelí".

L D (Agencias) En declaraciones a la agencia Efe, Igal Palmor calificó este lunes de "maniobra política" la investigación de un juez español sobre el ataque que costó la vida en 2002 a un dirigente del grupo terrorista Hamas y a catorce civiles en Gaza. "La decisión de continuar la investigación por el juez (Fernando Andreu) va en contra de la opinión de la fiscalía de anularla, por lo que queda claro que es una maniobra política que no responde a los principios del Derecho" dijo Palmor.

El portavoz del ministerio de Exteriores de Israel afirmó que "hay que lamentar que este tipo de iniciativa política pueda prosperar en el sistema judicial español. El objetivo de la maniobra es emplear el sistema judicial español para una causa antiisraelí".

Por su parte, el ministro de Defensa israelí, Ehud Barak, declaró que su Gobierno va a solicitar al Ejecutivo español que detenga la investigación de la Audiencia Nacional. El diputado israelí Abraham Dichter --imputado en el caso--, fue incluso más allá al asegurar que en España no se sabe distinguir entre la lucha antiterrorista y los crímenes contra la humanidad."Voy a pedir al ministro de Asuntos Exteriores español, a la ministra de Defensa y, si es necesario, al presidente del Gobierno español, compañero mío en la Internacional Socialista, que anulen la decisión", afirmó Barak, líder del Partido Laborista israelí, en declaraciones recogidas por el diario israelí Haaretz.

Barak recordó además que "ningún Ejército es tan moral como las Fuerzas de Defensa Israelíes y no tengo ninguna duda de que quienes participaron en la eliminación de Shehadeh actuaron con claridad de pensamiento y con el único objetivo de proteger a los ciudadanos de Israel", aseguró en referencia al presunto mando de las milicias de Hamás en Gaza Salah Shehadeh, también muerto en la operación de julio de 2002.

Concretamente, la Audiencia Nacional investiga, además de al ex ministro de Defensa Ben Eliezer, al comandante de las Fuerzas Aéreas israelíes en el momento de los hechos Dan Halutz; al general encargado del mando Sur de las Fuerzas de Defensa israelíes, Doron Almog; al presidente del Consejo Nacional de Seguridad y asesor nacional de seguridad, Giora Eiland; al secretario militar del ministro de Defensa, Michael Herzog; al jefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Israel Moshe Yaalon y al director del servicio general del seguridad, Abraham Dichter.

Precisamente Dichter, actual diputado por el partido opositor Kadima, aseguró que en España no se sabe distinguir entre la lucha antiterrorista y "lo que denominan crímenes contra la humanidad". "Lo que sorprende es que en España, golpeado por el terrorismo musulmán en 2004, un juez tenga dificultades para distinguir entre el combate antiterrorista y lo que él llama crímenes contra la humanidad", afirmó hoy, según recoge el diario Yediot Aharonot."Hasta un niño sabe que Shehadeh era un asesino que tenía las manos manchadas por la sangre de cientos. Desgraciadamente, al acabar con él hubo bajas de inocentes, pero estamos combatiendo a terroristas que utilizan a civiles como escudos humanos", dijo.

También el Ministerio de Justicia israelí opinó sobre el caso y aseguró que están a la espera de la posible apelación de la Fiscalía española. "La demanda presentada en España por el Centro Palestino para los Derechos Humanos es un intento cínico de lograr un gesto político contra Israel", afirmó el portavoz del Ministerio, Moshe Cohen. "Estamos convencidos de que el Gobierno y el sistema judicial español pondrá todos los medios necesarios para que no tenga éxito", dijo."Lamentamos que el juez tomara la decisión en contra de la clara postura del Gobierno español", explica el Ministerio en un comunicado. "Creemos que la decisión será anulada tras la apelación de la Fiscalía", prosigue.

 

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