(Libertad Digital) El Bundestag, la Cámara Baja del Parlamento alemán, aprobó este viernes con la mayoría necesaria de dos tercios la reforma del federalismo, una de las medidas más importantes de la "gran coalición" en el poder. A favor de la reforma se manifestaron 428 diputados, mientras que hubo 162 votos en contra y tres abstenciones. Del total de 614 diputados, 448 pertenecen a la gran coalición entre la CDU-CSU y el SPD. Para aprobar la ley, hacían falta dos tercios de los votos, es decir, al menos 410. El Bundesrat o Cámara Alta votará sobre la misma ley de reforma del federalismo el próximo 7 de julio.
La reforma, que se empezó a negociar el pasado 10 de marzo, contempla 20 cambios a la Constitución alemana, así como un nuevo y más claro reparto de competencias entre los gobiernos federal y estatales, en los temas financiero, político, económico y social. La finalidad de la coalición en el poder es disminuir con ella las barreras burocráticas y la compleja reglamentación que entorpece la aplicación de leyes. El proyecto, que debería entrar el vigor el próximo mes de enero, dará a los 16 lánders (estados federados alemanes) más competencias en materia educativa, así como plena autonomía en la administración del funcionariado público y de las cárceles. También dejará en sus manos fijar los horarios comerciales.
La canciller alemana, Angela Merkel, había calificado la reforma de "oportunidad histórica" para reordenar las entremezcladas competencias que tienen el Gobierno federal y los gobiernos estatales. De hecho, se trata del mayor cambio introducido en la Constitución desde su promulgación en 1949. "Esta es una de las reformas más importantes de nuestro tiempo. Con este proyecto, demostramos nuestra valentía por cambiar", valoró Merkel, quien reconoció que "no ha sido fácil", aunque ahora Alemania está "en el buen camino".
Se reduce el porcentaje de leyes que aprobarán las cámaras regionales
La reforma del federalismo alemán es un proyecto discutido durante años que pretende agilizar el proceso legislativo y las relaciones entre el Estado central y las regiones. La reforma fue aprobada con el respaldo de los dos tercios que son el mínimo para toda enmienda constitucional. Básicamente, la idea de este proyecto es reducir el porcentaje de leyes que requieran de la aprobación del Bundesrat, la cámara de representación regional, del 60 por ciento actual a alrededor del 30 por ciento.
El precio de esta cesión de poder por parte del Estado central ha sido alto, pues los jefes de los 'laender' (estados federados) han logrado a cambio hacerse con las competencias plenas en muchos sectores. Así, por ejemplo, los "laender" tendrán aún más competencias en materia educativa y el Estado central prácticamente sólo podrá destinar fondos a la investigación universitaria, situación más que cómoda para los estados federados que encima ahorran dinero.
Los "laender" asumirán la responsabilidad única en la administración del funcionariado público, lo que tiene una vertiente negativa para los estados federados más pobres, que temen un éxodo de funcionarios a regiones más ricas. El Estado central obtendrá, en cambio, más poder en la lucha antiterrorista, en cuestiones medioambientales, o en asuntos notariales. Por otro lado, la reforma ha excluido por completo la reorganización del reparto fiscal. La gran coalición de cristianodemócratas y socialdemócratas ha preferido dejar este complicado tema para una segunda fase.
El precio de esta cesión de poder por parte del Estado central ha sido alto, pues los jefes de los 'laender' (estados federados) han logrado a cambio hacerse con las competencias plenas en muchos sectores. Así, por ejemplo, los "laender" tendrán aún más competencias en materia educativa y el Estado central prácticamente sólo podrá destinar fondos a la investigación universitaria, situación más que cómoda para los estados federados que encima ahorran dinero.
Los "laender" asumirán la responsabilidad única en la administración del funcionariado público, lo que tiene una vertiente negativa para los estados federados más pobres, que temen un éxodo de funcionarios a regiones más ricas. El Estado central obtendrá, en cambio, más poder en la lucha antiterrorista, en cuestiones medioambientales, o en asuntos notariales. Por otro lado, la reforma ha excluido por completo la reorganización del reparto fiscal. La gran coalición de cristianodemócratas y socialdemócratas ha preferido dejar este complicado tema para una segunda fase.