El Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de Honduras señala en su sentencia que "cualquier llamamiento o instalación de una Asamblea Nacional Constituyente que pretenda reformar o derogar la Constitución de la República, es ilegal e inconstitucional",

La "cuarta urna" instaurada por Zelaya levantó tal polvareda que le terminó costando el puesto en los sucesos del pasado 28 de junio. La aprobación del decreto ejecutivo número PCM-05-2009 fue aprobado el 23 de marzo por el Gobierno de entonces.

La demanda presentada alegaba que sólo el Congreso Nacional de la República está legitimado para convocar una consulta de estas características. La resolución señala que "el Presidente de la República en Consejo de Ministros no tiene facultades legales para ordenar la realización de ningún tipo de consulta, menos aún para llamar a convocatoria, a una Asamblea Nacional Constituyente que dicte y apruebe una nueva Constitución Política".

Zelaya aspiraba, en primer lugar, a convocar una Asamblea Nacional Constituyente que dictara y aprobara una nueva Constitución. El fin último era conseguir un nuevo mandato en la Presidencia, algo criticado incluso desde la Fiscalía. "Cualquier llamamiento o instalación de una Asamblea Nacional Constituyente que pretenda reformar o derogar la Constitución de la República es ilegal e inconstitucional", indica la sentencia.