LD (Ángela Martialay) Después de que el Fiscal General del Estado, Cándido Conde-Pumpido, tachase de “fraudulenta" la intención de abrir en España una causa contra Guantánamo y el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, se opusiese a dicha investigación porque, a su juicio, no cabe abrir una causa general contra la Administración del ex presidente George Bush "por muy reprobable que ésta sea", la querella sigue rotando por los juzgados de instrucción de dicho tribunal.
Ahora, según lo acordado por el juez decano de éste órgano, Santiago Pedraz, y atendiendo a las normas internas de reparto, el proceso ha recaído sobre el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, cuyo titular es el magistrado Eloy Velasco. Será este juez quien decida si archiva la causa, tal y como solicita el Ministerio Público, o continúa con ella.
Garzón, obligado a soltar el proceso
El pasado viernes el fiscal Zaragoza pidió a Garzón que soltara la causa ya que el no era “competente” y que, por lo tanto, la enviara a Decanato para que fuera remitida al juez pertinente y fuera éste el que acordara su inadmisión a trámite. Garzón, "dada cuenta" de lo dicho por el fiscal en su informe, decidió entonces enviar a Decanato toda la documentación que obraba en sus manos.
Según el informe del fiscal, los querellados no son responsables directos de un delito de torturas, tal y como pretenden los denunciantes. Los denunciados son Alberto R. Gonzales, principal asesor legal de la Casa Blanca hasta 2005, cuando se convirtió en fiscal general de Estados Unidos, y otros miembros de la Administración de George W. Bush como David Addington, William J. Haynes, Douglas Feith, Jay S.Bybee y John Yoo.
Los querellantes, letrados que representan a la Asociación pro Dignidad de los Presos y Presas de España, denunciaron estos hechos ante Garzón al estimar que él era competente para investigarlos, ya que tiene una causa en la que figuran varios ciudadanos españoles o residentes en España que llegaron a estar presos en Guantánamo.