China continúa siendo el punto negro para la pena de muerte en el mundo, tal y como refleja el informe "Condenas a muerte y ejecuciones en 2009", que ha hecho público Amnistía Internacional este martes.

Este año, la organización ha decidido dar un vuelco a los cálculos de los ejecutados en la dictadura asiática. Por primera vez desde su fundación, ha optado por no publicar los datos mínimos sobre condenas a muerte en China porque considera que "la información que existe a disposición del público refleja muy por debajo el verdadero número de personas que el Estado ha matado o ha condenado a morir" aseguran.

En lugar de ello, plantea un desafío al gobierno de Hu Jin Tao: "Las autoridades chinas aseguran que se están llevando a cabo menos ejecuciones. Si eso es cierto, ¿por qué no dicen al mundo cuántas personas ejecuta el Estado?" pregunta la organización.

China ha levantado un muro de silencio en torno a la pena de muerte, y cualquier información sobre el número de ejecuciones tiene carácter de secreto de Estado. Sistemáticamente, aquél que la revele es acusado penalmente pudiendo llegar a sufrir aquello mismo que denuncia.

Por fortuna, la información consigue escaparse por las rendijas de la dictadura, y a través de estadísticas relacionadas se recaba información sobre las muertes. Un foco fundamental son los datos sobre los trasplantes de órganos, ya que los procedentes de ejecutados suponen el 65% de los operaciones totales del país. A partir de estos y otros datos, ONG chinas como Dui Hua, han estimado que el Estado comunista ejecutó a más de 5.000 personas, solo el año pasado.

Cálculos que concuerdan con las estimaciones de AI, que llama la atención sobre la inchoerencia de la legislación del país asiático: "Si la pena capital es, como afirma, un acto de Estado legítimo: ¿por qué lo esconden? ¿Cuál es el motivo real para que su aplicación se oculte a la opinión pública y al escrutinio internacional?". La organización considera estos actos como "violación extrema del derecho a la vida, cruel, arbitraria y degradante".

La pena de muerte como "silenciador político"

Por otro lado, el informe destaca la aplicación de la pena de muerte como un elemento de supresión de la disensión política en detrimento de su intención preventiva o ajusticiadora. Las Naciones Unidas ya han expresado en diversas resoluciones su condena a las ejecuciones como medio"para enviar mensajes políticos o acallar a la oposición".

Además de China, países como Sudán o Irán, lo emplearon en el pasado año como herramienta para promover las agendas políticas del país. Especialmente sangrante es el caso del gobierno de Mahmud Ahmadineyad, que desde las elecciones presidenciales hasta la toma de posesión de su segundo mandato – apenas dos meses – ejecutó a al menos 112 personas. En la mayoría de los casos bastó acudir a una de las protestas tras los comicios para recibir la pena capital, condenados por el delito de "enemistad con Dios".

En el deshonroso capítulo de ejecuciones a personas con delitos cometidos cuando aún eran menores de edad vuelve a destacar el régimen iraní, junto a Arabia Saudí, en lo que sí supone una clara violación del derecho intenacional.

Descenso significativo de las ejecuciones

Amnistía Internacional estima que 714 personas fueron ejecutadas el año pasado, al margen de las ejecuciones del Gobierno de Hu Jin Tao. Las muertes se reparten entre un total de 18 países, lo que consideran "un éxito", porque sitúa en 139 las naciones que no aplican la pena capital y "evidencia que en 2009 el mundo prosiguió su avance hacia la abolición". A pesar de todo, cabe destacar el carácter aproximado de estos datos y que, en cualquier caso, hablamos de condenas a muerte llevadas a término durante el pasado año. El total de condenados, aunque no ejecutados se eleva hasta, al menos, 2.001 personas.

Precisamente este mismo martes España ha ratificado el protoclo nº 13 del Convenio para la protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales, relativo a la abolición de la pena de muerte, con la salvedad de "actos cometidos en tiempo de guerra o de peligro inminente de guerra". La rúbrica de este tratado por el Consejo de Europa y su consecuente aplicación ha dado sus frutos: 2009 ha sido el primer año sin ejecuciones en Europa, al no producirse ninguna en la Bielorrusia de Lukashenko, único país del continente que sigue aplicando la pena capital. Sí se dictaron dos sentencias de muerte y dos presos siguen bajo la amenaza de ser ejecutados por un pelotón de fusilamiento.