"En vista del tajante rechazo que han manifestado la comunidad internacional frente al gobierno dictatorial que pretende imponerse (en Honduras), los países miembros de la ALBA hemos decidido retirar nuestros embajadores" de Tegucigalpa, acordaron en la declaración de Managua, leída por el canciller de Ecuador, Fander Falconí.

Los países miembros de la ALBA acordaron dejar "a su mínima expresión" sus representaciones diplomáticas en Tegucigalpa, hasta tanto el "gobierno legítimo del presidente Manuel Zelaya sea restituido plenamente en sus funciones".

La ALBA está integrada por Antigua y Barbuda, Bolivia, Cuba, Dominica, Ecuador, Honduras, Nicaragua, San Vicente y Las Granadinas, y Venezuela.

Los países de la ALBA, reunidos de emergencia en Nicaragua, también se declararon en "alerta permanente" por la situación en Honduras y reconocieron como único presidente de ese país a Zelaya.

En la proclama, suscrita por los presidentes Evo Morales (Bolivia), Rafael Correa (Ecuador), Daniel Ortega (Nicaragua) y Hugo Chávez (Venezuela) y el canciller cubano Bruno Rodríguez, los países de la ALBA exigen que se restituya "incondicionalmente al presidente Zelaya en sus funciones legítimas".

"De igual manera reconocemos como únicos representantes diplomáticos de Honduras en nuestros países al personal designado por el presidente Zelaya", señalaron.

Los gobiernos de la ALBA indicaron que bajo ningún concepto acreditarán personal designados "por los usurpadores", en alusión al gobierno de Micheletti.

"Igualmente como miembros plenos de los distintos sistemas de integración del continente instamos a nuestros países hermanos de Unasur, SICA, Caricom, Grupo del Río, ONU y OEA a proceder de igual forma ante los agresores del pueblo hondureño", manifestaron.

Asimismo, en esa declaración se declaran en "alerta permanente para acompañar al valiente pueblo de Honduras en las acciones de lucha que han convocado" e invocaron el contenido de los artículos 2 y 3 de la Constitución Política de Honduras, referidos al delito de traición a la patria y al derecho a recurrir a la insurrección en defensa del orden constitucional.

"Deben saber quienes dirigen el golpe de Estado (en Honduras) que les será imposible imponerse y burlarse la justicia internacional, a la que tarde o temprano serán sometidos", advirtieron.

Los países miembros de la ALBA, que sentenciaron a los "golpistas" como enemigos de la independencia y la libertad, hicieron un llamado a los oficiales y soldados hondureños a que rectifiquen y "pongan sus armas al servicio del pueblo de Honduras y su comandante general, Manuel Zelaya".

Asimismo, adelantaron que están recopilando una memoria con las "graves violaciones" que han ocurrido en Tegucigalpa "para que los crímenes no queden impune".

"El único camino que les queda a los golpistas es deponer su actitud y garantizar de manera inmediata, segura e incondicional el retorno del presidente Zelaya a sus funciones constitucionales", señalan en la declaración.

Los países de la ALBA también decidieron mantener todos los programas de cooperación con Honduras, que acordaron con Zelaya.

Además, propusieron que se apliquen medidas sancionatorias y ejemplares en todos los mecanismos de instancias multilaterales y de integración contra los "golpistas", que contribuyan a hacer efectiva la restitución inmediata del orden constitucional en Honduras.

Los países miembros del ALBA se declararon en "sesión permanente de consulta" con todos los gobiernos del continente americano para evaluar otras acciones conjuntas "que permitan acompañar al pueblo hondureño en el restablecimiento de la legalidad y la restitución del presidente Zelaya".