La reforma debe ser promulgada aún por el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, para que entre en vigor. El Senado debe aprobar también varias enmiendas del proyecto aprobado el domingo por la Cámara de Representantes.

"La legislación sobre Sanidad que el Congreso aprobó anoche es un asalto contra la Constitución", sostuvo el fiscal general de Carolina del Sur, Henry McMaster "El desafío legal por parte de los estados parece ser la única esperanza para proteger al pueblo estadounidense de este ataque, sin precedentes, contra nuestro sistema de gobierno", añadió.

La legislación es la mayor reforma social emprendida por Estados Unidos desde la década de 1960 -cuando se creó el sistema Medicare de subsidio para la sanidad de los adultos mayores, y se promulgó la Ley de Derechos Civiles. Costará casi un millón de dólares. El gobierno de Obama esgrime que la medida permitirá que unos 32 millones de personas que carecen de seguro médico puedan obtenerlo.

El fiscal general de Florida, Bill McCollum, en un comunicado distribuido el domingo, sostuvo que "si el presidente promulga esta ley iniciaremos una denuncia para proteger los derechos e intereses de los ciudadanos estadounidenses".

Los adversarios de la reforma han argumentado que ésta representa "una toma de control por parte del gobierno" de la asistencia de la salud que llevará al racionamiento de los servicios e impondrá una carga onerosa en las cuentas de EEUU.

Este domingo, mientras la Cámara de Representantes se encaminaba a la votación del proyecto de ley, los fiscales generales de 11 estados expresaron, en una teleconferencia, su respaldo a una acción legal que impida la aplicación de la ley.

Además de Florida y Carolina del Sur participaron en la conferencia los fiscales generales de Alabama, Nebraska, Texas, Oklahoma, Pensilvania, Washington, Utah, Dakota del Norte y Dakota del Sur.

El fiscal general de Virginia, Ken Cuccinelli, anunció que él presentará una denuncia en nombre de su estado contra lo que calificó como "un exceso inconstitucional" de la legislación de sanidad.

"Virginia está en una situación única que le permite presentar una querella, dado que Virginia es el único estado que, hasta ahora, ha aprobado una ley que protege a sus ciudadanos del mandato, impuesto por el gobierno, para que contraten seguro médico", dijo Cuccinelli.

Proyectos de ley y enmiendas para limitarla

El punto central de la controversia, que podría generar prolongados procesos judiciales en los tribunales, es la inclusión en la reforma de sanidad de la obligación de que todas las personas en Estados Unidos contraten un seguro médico. De no hacerlo pueden ser multadas. Los adversarios sostienen que esta medida excede la atribución constitucional que tiene el Congreso para "regular el comercio entre los estados".

El fiscal general de Texas, Gregg Abbott, afirmó que se presentará la denuncia "para proteger los derechos constitucionales de todos los tejanos, preservar el marco constitucional que crearon los próceres de nuestra nación y defender nuestro estado de la intromisión del gobierno federal".

Además de las denuncias que podrían presentar los estados, en las cámaras legislativas de al menos 36 estados se han presentado proyectos de ley y propuestas de resolución para limitar o oponerse a diferentes aspectos de la reforma de sanidad.