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La Audiencia Nacional admite una querella contra altos cargos chinos por la represión en el Tíbet

 

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LD (EFE) El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz considera en un auto que la justicia española es competente para investigar la responsabilidad que siete cargos políticos y militares de la dictadura china podrían tener en la muerte de 203 personas durante la revuelta en el Tíbet en marzo pasado.
 
Pedraz admitió a trámite una querella interpuesta por el Comité de Apoyo al Tíbet, la Fundación Privada Casa del Tíbet y "Tubten Wahghen Sherpa Sherpa" que, además de las víctimas mortales, responsabiliza a los altos funcionarios chinos de las heridas que sufrieron unas mil personas y la desaparición de otras 5.972.
 
Los siete políticos y militares chinos ahora imputados en esta causa son: el ministro de Defensa, Lian Guanglie; el ministro de Seguridad del Estado, Geng Huichang; el secretario del Partido Comunista Chino en la región autónoma del Tíbet, Zhang Qingli, y el miembro del Politburó en Pekín Wang Lequan. También es señalado el líder de la Comisión de Asuntos Étnicos, Li Dezhu; el comandante del Ejército de Liberación Popular de Lhasa, el general Tong Guishan, y el comisario político del comando militar de Chengdu, el general Zhan Guihua.
 
Según el auto, los hechos denunciados pueden ser constitutivos de un crimen contra la humanidad y, en concreto, de lesa humanidad "dada la supuesta causación intencionada de muerte o lesiones graves, la desaparición forzada, la detención (...) con infracción de las normas internacionales (...) y las torturas". Explica que "la población tibetana es un grupo o colectivo perseguido por las autoridades por motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos o de género, u otros motivos universalmente reconocidos como inaceptables con arreglo al derecho internacional".
 
Ismael Moreno, juez de la Audiencia Nacional, también mantiene abierta desde 2006 una causa en la que investiga el genocidio perpetrado por el régimen chino en el Tíbet durante las décadas de los ochenta y de los noventa.
 
Moreno comenzó a investigar este supuesto genocidio tras admitir por orden de la Sala de lo Penal la querella por estos hechos que él en un principio acordó archivar al considerar que la justicia española no era competente para investigar estos hechos. El 10 de enero de 2006 la Audiencia Nacional se declaró competente para investigar el genocidio denunciado ante la imposibilidad de que pudiera ser esclarecido por tribunales chinos o por el Tribunal Penal Internacional.

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