Duch dirigió entre 1975 y 1979 la prisión secreta de Tuol Sleng, también conocida como S-21, por la que pasaron al menos 12.273 camboyanos antes de ser ejecutados allí mismo o en los campos de extermino de Choeung Ek, a las afueras de la capital.

El fiscal William Smith aseguró que "ante estos crímenes, el punto de partida debería ser la cadena perpetua" pero optó por "una reducción a un número fijo de años". Smith propuso primero una pena de 45 años, que luego rebajó en cinco años tras tomar en consideración como atenuantes la cooperación "limitada" del acusado, su aceptación de responsabilidades, su arrepentimiento y los posibles beneficios que esa actitud puede tener para la reconciliación nacional.

Al final de su intervención, el fiscal afirmó que "la sentencia debe reflejar la destrucción perpetrada y la voluntad propia y el entusiasmo con el que el acusado tomó parte en ella". Smith pidió a los jueces que al emitir su sentencia tuvieran en cuenta la naturaleza de los crímenes, la extensión del impacto entre las víctimas y el grado de implicación del acusado y reclamó que se tomen en consideración agravantes como el abuso de poder, la crueldad y la indefensión de las víctimas.

La fiscalía detectó varios delitos tipificados como crímenes contra la humanidad: asesinato, exterminio, esclavización, violación, persecución por razones políticas, religiosas o étnicas y trato inhumano. También identificó violaciones de la Convención de Ginebra como el confinamiento de población civil, el maltrato a prisioneros de guerra, el asesinato y la tortura.

Durante todo el proceso, el jefe torturador del Jemer Rojo ha admitido su responsabilidad por los actos de barbarie y ha pedido perdón a las víctimas. Pero la fiscalía le recrimina que "aún no admite que lo hizo por voluntad propia e insiste en asegurar que fue porque cumplía órdenes o que actuaba bajo la amenaza de sus superiores".