La clave de todo el asunto reside en la propia familia de Baby Hamday Buyema. De origen español –nació en el Sáhara cuando aún era la provincia 53 española- residió también en España durante ocho años, concretamente en Petrer. Durante esa fecha estuvo empadronado en el municipio murciano de Alguazas. Su familia directa también conserva vínculos con España, como uno de sus hermanos, Lahmed Moulud Ali, que reside actualmente en Alicante.
La pugna aparece cuando Baby contrae matrimonio con una mujer marroquí, hija de un Policía del reino alauí. Se graba entonces la división de dos tendencias encontradas dentro de su propia familia, a la que suma un pequeño de 4 años y otra niña de 2.
Este conflicto larvado, estalla con la muerte de Baby el pasado 8 de noviembre. La familia directa del saharaui no puede desplazarse hasta El Aaiún, y recibe las informaciones de la parte de su mujer, que son escuetas y algo confusas. Pero los relatos de testigos presenciales descartan el accidente, y apuntan claramente hacia un asesinato de la propia policía. La misma policía a la que pertenecía el suegro del fallecido.
Las presiones a los hermanos de Baby han sido constantes, según denuncian. Por parte de la familia de la esposa, quería darse cerrojazo al asunto, asumiendo la versión de Rabat: había sido sólo un accidente de tráfico en mitad del caos. "Pero hay cinco testigos presenciales del crimen, que están esperando a declarar" cuenta Libertad Digital Francisco José Alfonso Rey, de la Asociación Española Pro-Derechos Humanos que ha capitaneado la querella por el asesinato.
La esposa, clave en el asunto
Los hermanos de Baby creen firmemente que Marruecos ha contado con el apoyo y el beneplácito de la esposa – y su padre- para sacar el cuerpo de la morgue y enterrarlo, dando así una imagen de relativa normalidad.
Pero varias cosas aún no encajan en esa normalidad que trata de vender Rabat: desconcierta el hecho de que se haya desplazado para el entierro un gobernador marroquí, insólito en la muerte de un ciudadano civil. Tampoco en el entierro se han respetado rituales musulmanes, según asegura la Asociación Pro-Derechos humanos: se celebró durante la noche, a pesar de que la tradición establece que debe producirse cuando aún hay luz solar.
Por todo ello, no resultan descabelladas las sospechas que Lahmed vertía a Libertad Digital, señalando que Marruecos enterró el cuerpo "para que no sepamos lo que le habían hecho" con el apoyo de su esposa, y del suegro de Baby, afines a la posición marroquí.
"Llegaremos hasta Estrasburgo, si no hay guerra antes"
Lo que vieron los cinco testigos de la muerte de Baby resulta clave para la resolución. Pero aún no tienen dónde declarar. Tras recibir la querella, la Justicia española envió una comisión rogatoria a Marruecos, para saber si había iniciado alguna investigación sobre la muerte Baby. El Fiscal reconoció delitos de lesa humanidad en los sucesos de El Aaiún, pero puso en manos de Rabat la decisión de investigar o no un crimen que podría, presuntamente, haber perpetrado su propia policía.
"Es absurdo" subraya Francisco José "es pedir que se condenen a sí mismos, ser juez y parte, y eso no va a ocurrir". Efectivamente, el siguiente movimiento de Marruecos ha sido enterrar el cadáver, sin realizar siquiera la autopsia, para que desaparezca la prueba fundamental sobre la que investigar.
"Le pedimos a la Justicia española que no envíe más informes rogatorios, que Marruecos los tira a la basura" destacan desde la Asociación de Derechos Humanos, apostando por una investigación desde nuestro país para que la muerte de Baby no se quede "en el sueño de los justos".
Su deseo es que España retome la investigación judicial, para así dar salida a los testimonios de esas cinco personas que estuvieron presente cuando Baby perdía la vida. Esperan poder ser declarados testigos protegidos, porque el miedo a las represalias es mayúsculo, e incluso "están dispuestos a ser exiliados a Mauritania" apunta Francisco José.
No obstante, son conscientes de que las vías judiciales españolas parecen colapsadas. "Queremos agotar todos los pasos, pero si no estalla la guerra antes, llegaremos hasta Estrasburgo, y que lo lleve la Corte Penal Internacional" aseguran a Libertad Digital desde la asociación, conscientes de que "no va a ser fácil, será muy largo", pero es la única manera de hacer justicia con la muerte de Baby, "un saharaui, pero también un español".