LD (EFE) Según un comunicado de la organización no gubernamental Defensores de los Derechos Humanos en China (CHRD, siglas en inglés) publicado este jueves, Wang fue sentenciado ayer miércoles 7 de enero, acusado de "subversión contra el poder del Estado" por el Tribunal Popular Intermedio de Hangzhou, capital de la provincia oriental de Zhejiang.

La detención de Wang se llevó a cabo en junio, antes de los Juegos Olímpicos de Pekín y después de que el activista organizara una reunión nacional del PDC y de que publicara diversos artículos sobre la formación, que aspira a crear una oposición contra el Partido Comunista de China (PCCh), en el poder desde 1949.

Wang padece varias enfermedades y sólo puede caminar con muletas. Es un famoso activista y defensor de la democracia en China desde la década de 1970, motivo por el que el régimen autoritario del PCCh lo ha detenido, acosado y encarcelado en numerosas ocasiones.

El cerco contra cualquier atisbo de oposición al poder del PCCh se ha reforzado en el último año, con numerosas detenciones previas y posteriores a los Juegos Olímpicos de agosto, como la del famoso activista Hu Jia, defensor de los enfermos del Sida y del medio ambiente, encarcelado hace un año.

En una nueva campaña masiva contra la disidencia, más de cien firmantes de la Carta 8, un documento enviado al Gobierno en diciembre con motivo del 60 aniversario de los Derechos Humanos, han sufrido diversos tipos de acoso en el último mes, informó CHRD en un comunicado paralelo. La policía conmina a los acosados a hacer pública una nota de renuncia a su apoyo a la carta, de lo contrario se les acusa de "asociación ilegal".

La mayoría de los firmantes de la Carta 8 son intelectuales, académicos o escritores, entre ellos el famoso disidente Liu Xiaobo, uno de los teóricos de las protestas pro-democráticas de Tiananmen de 1989, que se encuentra en "detención residencial" desde el pasado 8 de diciembre en un lugar secreto de Pekín.

China es uno de los países más represores del planeta, según las denuncias de grupos de derechos humanos, como Amnistía Internacional o Human Rights Watch, que cada año compilan miles de violaciones de este tipo en el país asiático.