LD (Agencias) En una declaración oficial de nueve puntos, el Gobierno de Bogotá ha acusado al régimen de Hugo Chávez de permitir que terroristas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia se refugien en territorio venezolano. Esa actitud, afirma, viola la soberanía colombiana.
Colombia rechaza utilizar el soborno para lograr la captura de terroristas. En cambio, indica el texto, paga recompensas a informantes que colaboren en la detención de criminales. Por ello, agrega que Venezuela debe presentar las pruebas sobre los supuestos pagos ilegales a funcionarios venezolanos tras la captura de Rodrigo Granda, el llamado "canciller" de las FARC.
La versión venezolana del caso señala que Granda fue secuestrado por un grupo de militares venezolanos, ya detenidos, que fueron sobornados por Colombia con una suma que oscila entre un millón y un millón y medio de dólares, y dirigidos por un capitán de la policía colombiana que les señaló quién era el objetivo. Bogotá, por el contrario, dice que Granda fue capturado en la ciudad colombiana de Cúcuta y que se pagó una recompensa por la información que permitió el apresamiento, aunque mantiene en secreto los detalles de la operación y las identidades de los recompensados.
Crisis en las relaciones bilaterales
Colombia se queja de que pese a acudir a canales diplomáticos oficiales para lograr la detención de terroristas refugiados en territorio de Venezuela, estos no operan y no son eficaces. Además, subraya que "una vez más se entregarán a dicho Gobierno informaciones sobre presencia de terroristas colombianos en el territorio de Venezuela. Se incluirá el nombre de siete cabecillas del terrorismo y la localización de varios campamentos".
La presidencia colombiana dice además que no acepta que representantes de grupos terroristas sean admitidos en un evento político patrocinado por instituciones oficiales venezolanas porque "una cosa es la oposición política y otra muy diferente es el terrorismo". También muestra extrañeza porque en el caso Granda se involucra a cuatro policías colombianos, pues alega que las autoridades del vecino país estaban enteradas de que se trataba de una operación contra el narcotráfico y recuerda que "fueron investigados y liberados".
El comunicado oficial colombiano no hizo alusión a la decisión de Chávez de suspender los acuerdos e intercambio comercial con Colombia y de mantener en Caracas a su embajador en Bogotá, Carlos Rodolfo Santiago, llamado a consultas el miércoles pasado. Reitera, eso sí, "la voluntad del Gobierno Colombiano de trabajar en armonía con el Gobierno de Venezuela, y de acuerdo con el procedimiento que definan las cancillerías".