La decisión del tribunal se produjo en la audiencia de presentación de Oswaldo Álvarez, destinada ratificar su privación cautelar de libertad o a fijar una medida sustitutiva que le permita esperar el juicio en libertad. El opositor está acusado por la Fiscalía de "conspiración, información falsa e incitación al odio" en declaraciones dadas el 8 de marzo a un canal de televisión.

"El juez ratificó la medida privativa de libertad. Desestimó los alegatos de la defensa y mantuvo como lugar de reclusión la sede del Sebin (Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional)", dijo a la salida de la audiencia su abogado Omar Estacio.

Álvarez fue detenido cautelarmente el 22 de marzo luego de que la Fiscalía consideró delictivas unas declaraciones en las que habló sobre vínculos del Gobierno de Hugo Chávez con grupos narcotraficantes y terroristas.

Esas declaraciones que el ex gobernador del estado Zulia y ex candidato presidencial hizo al canal "Globovisión", opositor al Gobierno, estuvieron basadas en el caso abierto por el juez Eloy Velasco sobre la relación entre el Gobierno venezolano, y las bandas terroristas ETA y las FARC.

Álvarez afirmó, además, que "todo esto deja un extraño sabor cuando de por medio están las vinculaciones nunca negadas y cada vez con mayores evidencias de las relaciones del régimen venezolano con estructuras que le sirven al narcotráfico como las estructuras de las FARC y otras que existen en el continente y en el mundo".

El portavoz de la Fiscalía, Alejandro Castillo, manifestó que en las declaraciones de Álvarez "es evidente la comisión de un hecho punible" y añadió que "hay pruebas suficientes para imputarle los delitos". El principal argumento de la defensa se centra en que Álvarez se limitó a opinar sobre el expediente del juez Velasco y que, en consecuencia, se le estaría castigando por un "delito de opinión". "Lo que se está ventilando es el derecho a opinar y por eso protestamos esta decisión judicial", dijo Estacio.

Esa tesis fue asumida por la Mesa de Unidad Democrática, que reúne a los principales partidos de oposición, que consideró la detención de su correligionario como un ataque a la "libertad de expresión".

El ministro del Interior, Tarek El Aissami, rechazó ese enfoque y afirmó que "lamentablemente, los medios de la derecha, en vez de explicar las razones de fondo por las cuales pesa sobre Álvarez una orden de privativa de libertad, se limitan a manipular la información". "Ya lanzan como noticia que Chávez, arbitrariamente, mandó a detener a un funcionario de la contrarrevolución, lo cual es totalmente falso", añadió El Aissami.

A partir de ahora, la Fiscalía tiene 30 días, con posibilidad de una prórroga de 15 más, para armar el expediente que presentará en el juicio.

Por otra parte, Estacio indicó que dentro de los próximos 5 días "apelará" la privativa de libertad bajo el alegato de que Álvarez padece de hipertensión y de problemas de azúcar en la sangre. El abogado dijo que serán "los médicos forenses" los que examinarán a su cliente y determinarán si procede que salga de prisión.

También afirmó que Álvarez "sigue muy firme en su determinación de haber enfrentado esto sin evasiones y no tiene ningún arrepentimiento de lo que dijo. Él se hace responsable de lo que dijo". Juan Carlos Álvarez, uno de los hijos del imputado, señaló a la prensa que su padre había sido "bien tratado" tanto en el procedimiento de detención como en la sede del Sebin.

El delito de conspiración puede ser castigado con pena de 8 a 16 años, el de instigación a delinquir de 3 a 6 años y el de difundir información falsa de 2 a 5 años. El pasado 15 de marzo declararon en la Fiscalía sobre el asunto el conductor del programa en el que Álvarez hizo sus acusaciones, Leopoldo Castillo, y sus productoras María Puche y Rosa Atencio.