Con el apoyo de la comunidad internacional que ha pedido la restitución del orden constitucional en Honduras y arropado por sus nuevos amigos de la Alianza Bolivariana de las América (ALBA) –Hugo Chávez, Evo Morales y Rafael Correa–, Manuel Zelaya se ha mostrado desafiante en su anuncio: "Voy para Tegucigalpa el próximo jueves. Que me espere el pueblo, que me espere el Ejército y los que quieren sacrificar este sistema" democrático en Honduras.

Zelaya dijo que volverá a Tegucigalpa procedente de Estados Unidos, a donde partirá para participar en una sesión de la Asamblea General de la ONU en Nueva York, y otra de la OEA en Washington, y pidió al titular de este organismo, José Miguel Insulza, y a los presidentes que quieran que lo acompañen.

Mientras tanto, se producían los primeros choques entre la policía y simpatizantes de Zelaya en los alrededores de la Casa Presidencial. Fuerzas policiales lanzaron gases lacrimógenos contra cientos de manifestantes que exigían el regreso del gobernante electo democráticamente. Los agentes, apoyados por dos helicópteros, desalojaron varias barricadas que habían levantado los manifestantes y detuvieron a un número indeterminado de personas que organizaciones sociales cifran en alrededor de una treintena. Los heridos superaron la veintena, según confirmaron fuentes de un hospital cercano a la sede de Gobierno.

Declaraciones desde el Poder Legislativo

Según informa el diario El Heraldo en su edición digital, la Comisión del Congreso Nacional de Honduras señala en un informe que Zelaya ejecutó "acciones desafiantes a las autoridades constituidas y el cumplimiento de deberes constitucionales legales, que de una u otra forma inciden en el normal desarrollo de las actividades de la vida nacional". Apunta además que la conducta de Zelaya "hizo peligrar su fidelidad" a la República.