Afirman que acata y expresa su absoluto respeto a la sentencia y argumenta que desde el primer momento, el Gobierno ha actuado de conformidad con lo dispuesto en las leyes y siguiendo los procedimientos establecidos. En el Estado de Derecho a cada poder del Estado corresponden concretos cometidos y el Gobierno ha cumplido con los suyos, alega.
Añade que en nuestro sistema constitucional es competencia de los tribunales determinar la legalidad de las candidaturas electorales. Por ellos, indica que el Gobierno, a través de la Abogacía del Estado, impugnó todas las candidaturas presentadas por considerar que de los informes en su poder se derivaban motivos suficientes para cuestionar su legalidad. La Sala Especial prevista en el artículo 61 de la Ley Orgánica del Poder Judicial dictó sentencia estimatoria y declaró su nulidad.
Añade que interpuesto el recurso de amparo, el Tribunal Constitucional ha reconocido que la coalición puede participar en las elecciones y que "las decisiones del máximo intérprete de la Constitución, que tiene la última palabra en esta materia, deben ser cumplidas por todos los ciudadanos y poderes públicos".