El presidente del Partido Popular andaluz, Javier Arenas, denunció ayer en Marbella que en el caso de los ERE fraudulentos "se están arreglando expedientes, en muchas ayudas no había informe jurídico, no había informe de Intervención ni ninguna participación de los funcionarios". Javier Arenas puso como ejemplo un expediente en el que se justifica una ayuda a través de un post-it escrito a mano en el que se lee: "D. General Trabajo. Javier Guerrero. Convenio IFA para dar subvención en concepto de Feria igual que en otros casos similares".
El presidente del PP andaluz calificó la situación como "desvergüenza, expolio y despilfarro" y acusó al gobierno andaluz de intentar obstruir la investigación, ralentizando el proceso, entregando documentación desordenada y en ocasiones duplicada. Agregó que "están haciendo lo contrario de lo que debe hacer un gobierno democrático, que es colaborar con la investigación". Javier Arenas se mostró convencido de que estamos ante un caso de "muchísima magnitud" y señaló que la obligación del Partido Popular es "que se aclare hasta el final y hasta las últimas consecuencias el capricho que ha supuesto la administración arbitraria de más de 700 millones de euros de los andaluces".
El presidente del PP andaluz, Javier Arenas, mostró la copia de un documento de la Dirección General de Trabajo, en la época de Francisco Javier Guerrero (2001-2008), que se escribió a mano sobre un pos-it y en el que se justifica una ayuda realizada por la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía a una feria de un municipio andaluz.
Recuérdese que la Consejería de Empleo para incentivar expedientes de regulación de empleo (ERE), disponía de un fondo dotado con 647,87 millones de euros, pero destinó partidas para que ayuntamientos, gobernados por el PSOE y en su mayoría ubicados en la provincia de Sevilla, montaran ferias comerciales.
Guerrero, imputado en el caso que investiga el juzgado de instrucción número 6 de Sevilla, autorizó el desvío de 414.000 euros de la partida que denominó "fondo de reptiles" -aunque luego se retractó del término- a proyectos en municipios como Alcolea del Río, Coria del Río, Guadalcanal, Chiclana o la pedanía jerezana La Barca de la Florida, que nada tenían que ver con el fin para el que fue creada: salvar a empresas que pasaban por serios apuros económicos y evitar despidos traumáticos aprobando planes de prejubilaciones entre sus trabajadores.
Arenas difundió la nota manuscrita en un acto de campaña celebrado en Marbella como prueba de que el Gobierno andaluz está "arreglando" expedientes de regulación de empleo y como confirmación de que, en muchas de las ayudas concedidas del fondo para empresas en crisis, "no había intervención jurídica, ni participación de funcionarios, ni de la Intervención". El presidente de los populares andaluces, que elevó la gravedad del caso a un escándalo de "gran magnitud", señaló que cada vez que los abogados de su formación estudian más este caso, "más se escandaliza uno".
Estas partidas a ferias de municipios y otras actividades no contempladas en este fondo para ayudas a ex trabajadores y empresas en crisis se repartían bajo un mismo modus operandi: se firmaba un convenio de colaboración por el que el Instituto de Fomento de Andalucía -el organismo autonómico que tenía transferidos los fondos- no exigía expresamente a los consistorios que justificaran el gasto. Tampoco era preciso que se acompañara de una memoria explicativa del proyecto.