El presidente de la Fundación para la Defensa de la Nación Española (DENAES), Santiago Abascal, ha denunciado este viernes el método utilizado por el ministerio del Interior y la consejería vasca de la materia para comunicar la retirada de los servicios de escolta a los cargos públicos vascos que no fueron reelegidos en las pasadas elecciones municipales y forales.
En un artículo publicado en La Razón, el que fuera parlamentario del PP en la Cámara vasca y hasta este sábado concejal del mismo partido en Llodio (Álava) asegura que "una simple y fría llamada de teléfono del último funcionario de una oficina nos anuncia que ya no seremos protegidos, sin indicarnos ni las razones, ni la evolución de nuestra situación de riesgo".
"Aquellos que no deseamos renunciar a la protección de nuestras vidas —y no a un coche en el que no solemos entrar porque conducen tras del nuestro—, ahora, no recibimos ningún documento de quien se haga responsable de la decisión tomada, como paradójicamente en su día exigían a quienes renunciaban a la escolta", continúa.
Y es que, según recuerda el ex dirigente popular, las formas fueron muy diferentes cuando se decidió que todos los ediles vascos debían llevar protección: "Cuando hace 12 años nos comunicaron que debíamos ser protegidos, en formales y serias reuniones, aquellos que querían renunciar a la escolta eran obligados a firmar un documento asumiendo la responsabilidad, para que la del político quedara inmaculada, justamente y con razón. Para que las manos y la conciencia del responsable político estuviesen limpias".
Abascal denuncia que "los otrora manoseados ‘héroes’ vascos son ahora postergados, y su seguridad cuestionada en aras de una falsaria contención del gasto público. No se tocará para nada ese estado de bienestar de los partidos políticos que representa el Estado Autonómico, ni se cuestionarán los multimillonarios ingresos de Bildu-ETA. En cambio, dejarán desprotegidos a aquellos que son o fueron la avanzadilla o la última resistencia de España en el País Vasco. Cuestión de prioridades".
La que ha sido durante los últimos cuatro años portavoz del PP en Sondica (Vizcaya), Nerea Alzola, también ha denunciado en las últimas horas la retirada de su servicio de protección: "Hoy me han comunicado oficialmente desde la Consejería de Interior de la Ertzaintza la fecha a partir de la cual ETA ya no me querrá matar, los borrokas no me darán más palizas y me retiran por tanto toda protección. Estoy en contra de esta decisión, ¿eh? Si algo pasa (no lo quiera Dios), contadlo. No tengo más defensa que esto".
Según dice la joven popular, "hago responsable de las consecuencias de esta decisión a quien la haya tomado, apoyado o no haya asumido su responsabilidad de reclamar seguridad y protección para los vascos que no creemos en que a partir del 1 de septiembre ETA sea buena. ETA será la responsable penal de la peor consecuencia, pero los responsables de la decisión lo serán al menos moralmente por haber mercadeado con nuestras vidas".
Por último, Alzola muestra su temor sobre cómo puede ser su futuro en la comunidad vasca sin escolta tras años de amenazas y se pregunta se deberá abandonar la comunidad vasca: "temo las consecuencias si continúo viviendo en mi ciudad. Y si me voy de Bilbao, lugar donde he nacido y crecido, no me habrá echado ETA".
Libertad Digital ya denunció a principios del mes de mayo esta nueva oleada de retirada y disminución de los servicios de escolta. La misma, comenzó el pasado 1 de junio, cuando un gran número de servicios de protección compuestos por dos escoltas y un vehículo, pasaron a ser realizados por un solo escolta. Además, a partir del próximo 1 de julio, se retirará también la protección a los cargos públicos que no han sido reelegidos el 22-M.