En los ayuntamientos socialistas siguen rompiendo papeles a contrarreloj. En Granada, no el ayuntamiento, sino la diputación provincial pasa a manos populares, y es ahí donde se están eliminando facturas como las suscritas a favor de Publicaciones del Sur, una empresa editora que engrosa la cartera de clientes de Iván Chaves, hijo del ex presidente de la Junta, presidente del PSOE, vicepresidente tercero del Gobierno y ministro de política territorial, Manuel Chaves.
Los papeles que se han intentado destruir aparecieron en un vertedero junto a otras facturas y actas de plenos recientes de la Diputación de Granada, donde figuran incluso anotaciones de miembros del equipo en los márgenes.
La mayoría de los documentos fueron pasados antes por la trituradora, pero parte de ellos se ha podido recuperar parcial o incluso totalmente. En algunos de ellos incluso figuran post-it donde aparecen manuscritas las instrucciones sobre qué hacer con los documentos.
El consistorio empezó a retirar los documentos el pasado 3 de junio en camiones, y desde entonces el trasiego ha sido constante, publica El Mundo. Son abundantes las órdenes de cambiar las fechas de las facturas, así como el número o el CIF de las mismas, entre otras órdenes.
Según el diario, la citada factura tiene fecha de 30 de septiembre de 2007, fecha en la que el hijo de Manuel Chaves realizaba intermediaciones a favor de Publicaciones del Sur ante diversas instituciones gobernadas por el PSOE. Su importe es de 1.740 euros y su motivo, la inserción de publicidad institucional en cuatro periódicos locales que la empresa edita en municipios de Granada.
El diario recuerda que el pasado mes de abril la diputación negó estar vinculada con empresas relacionadas con Iván Chaves.
Además, esta información desmiente a Marcelino Iglesias, secretario de organización del PSOE, quien negó en Ferraz que los documentos en bolsas de basura apliados dentro de una furgoneta a la puerta de la Junta de Castilla-La Mancha fueran públicos. Insinuó así que los documentos que se trituran y destruyen en juntas de comunidades y ayuntamientos son "particulares" y no públicos. En el caso de Granada, y según la imagen que muestra el diario El Mundo, los documentos parcialmente destruidos pertenecen a documentos públicos del consistorio.