En cuestión de horas, el Tribunal Constitucional ha dado un viraje de 180 grados. A las dos de la tarde tres magistrados, el vicepresidente Eugeni Gay, Elisa Pérez Vera –ambos nombrados a propuesta del PSOE- y Javier Delgado Barrios, designado a propuesta del PP presentaban su renuncia. De esta manera, el TC quedaba formado por cinco magistrados progresistas y tres conservadores. Pero a última hora de la tarde llegaba la sorpresa. El presidente del Constitucional Pascual Sala rechazaba la renuncia. Los tres magistrados deberán continuar en sus cargos hasta ser renovados por el Congreso de los Diputados según establece el artículo 23 de la Ley Orgánica que regula este órgano (LOTC).
Los tres estaban pendientes de renovación por el Congreso desde noviembre de 2010, momento desde el cual se encontraban ejerciendo sus puestos en funciones. La situación de provisionalidad en la que se encontraban tras concluir su mandato y la paralización en el Congreso de los contactos políticos dirigidos a renovar las plazas ha sido razón aducida por los magistrados para justificar una decisión tan extrema, que es la primera vez que se producía en la historia de este órgano, y que al final ha quedado en un simple gesto. El vicepresidente Gay llegó a señalar en su escrito de renuncia que "tenía la sensación de formar parte de un tribunal secuestrado".
En el decreto hecho público pasadas las ocho y media de esta tarde, Sala justifica su decisión en el "volumen de procesos constitucionales pendientes" en este órgano y en su "insustituible función institucional como supremo intérprete de la Constitución y garante máximo de los derechos fundamentales y libertades públicas".
Sala también se refiere en su escrito a la necesidad de "garantizar la continuidad y estabilidad" del tribunal de garantías y reitera al Congreso de los Diputados la necesidad de proceder a la renovación en cumplimiento de los plazos legales.
El rechazo de las renuncias se realiza, según Sala, "sin perjuicio de hacer nuevamente presente, en este caso al Congreso de los Diputados, la necesidad de observancia de los plazos de renovación constitucional y legalmente establecidos".
La renuncia constituye una de las siete causas de cese de magistrados contempladas en el citado artículo de la LOTC. Junto a la expiración del plazo de nombramiento, son los dos únicos supuestos cuya aceptación corresponde en exclusiva al presidente del Tribunal Constitucional, que en esta ocasión ha decidido no aceptarlas.
El resto de las razones contempladas en la norma -por incurrir en causa de incapacidad, incompatibilidad sobrevenida, por dejar de atender con diligencia los deberes de su cargo, por violar la reserva propia de su función o por haber sido declarado responsable civil en algún delito- son causas de cese sobre las que corresponde responder al Pleno de este órgano por mayoría simple o cualificada, según los casos.
Javier Delgado, nombrado a propuesta del PP, fue uno de los cuatro magistrados del TC que el pasado mes de mayo presentaron voto particular contrario a permitir la concurrencia de Bildu a los últimos comicios municipales. También presentó este magistrado un voto discrepante a la sentencia sobre el Estatut de Cataluña, en el que calificaba la postura del resto de sus compañeros de "radical" y advertía que, con su posición sobre este asunto, el alto tribunal había "desbordado ampliamente" las funciones que le atribuía la propia Constitución.
Elisa Pérez Vera, designada a propuesta del PSOE, fue la primera ponente de la sentencia del Estatut, que fue rechazada tras la presentación de hasta cinco borradores, lo que obligó a designar en la ponencia sobre este asunto al actual presidente del TC, Pascual Sala. Gay, por su parte, ha votado siempre con el sector progresista de este órgano con excepción del recurso del PP contra la Ley del Aborto, asunto en el que este magistrados se posicionó a favor de la suspensión de la norma.
El pasado 30 de diciembre el presidente del Congreso, José Bono, dio por cerrado el plazo para proponer candidatos a la renovación del Tribunal Constitucional y, como el PSOE y el PP seguían sin alcanzar un acuerdo, optó por dejar todo el proceso en suspenso a la espera de que los dos grandes partidos decidan poner sus nombres sobre la mesa.
El PSOE y el PP, cuyos votos son imprescindibles para elegir a los magistrados del Tribunal Constitucional, acordaron que, de los cuatro miembros que corresponde elegir al Congreso, dos de ellos habrían de ser propuestos por los socialistas y otros dos por los 'populares'.
Bono había puesto en marcha un mes antes, el 30 de noviembre de 2010, los mecanismos institucionales para esta renovación parcial del TC y, a la espera del acuerdo entre los dos grandes partidos, prorrogó dos veces el plazo para presentar candidatos. El principal escollo que ha encontrado el proceso es el rechazo por parte de los socialistas de la candidatura del magistrado de la Audiencia Nacional Enrique López para cubrir este puesto, a la que los populares no quieren renunciar. La última renovación se produjo el pasado mes de enero, cuando cuatro nuevos magistrados designados por el Senado tras tres años de retraso tomaron posesión de sus cargos.
En dicha ocasión se produjo el cese de la hasta entonces presidenta, María Emilia Casas, y de los otros tres magistrados cuyo mandato había caducado en diciembre de 2007, todos ellos situados en el denominado "sector conservador": Vicente Conde, Jorge Rodríguez-Zapata y el vicepresidente del tribunal Guillermo Jiménez. Los cuatro juristas finalmente consensuados en la cámara alta y que juraron o prometieron sus cargos en dicho momento fueron el ex presidente del Tribunal Supremo Francisco José Hernando y los juristas Adela Azúa, Luis Ignacio Ortega y Francisco Pérez de los Cobos.