Nunca antes desde su creación miembros del Tribunal Constitucional habían presentado su dimisión. Este lunes lo han hecho tres de sus magistrados: el vicepresidente Eugeni Gay, Elisa Pérez Vera –ambos nombrados a propuesta del PSOE- y Javier Delgado Barrios, designado a propuesta del PP.
Los tres estaban pendientes de renovación por el Congreso desde noviembre de 2010, momento desde el cual se encontraban ejerciendo sus puestos en funciones. Por este motivo, y quizás también influidos por el descrédito que sufre la institución, han pedido al presidente del TC, a Pascual Sala, que acepte su renuncia. Una decisión que venían estudiando desde hace días y que ya manifestaron ante sus compañeros en el Pleno que tuvo lugar el pasado martes.
Según el artículo 23 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC) "los magistrados del Tribunal Constitucional cesan por alguna de las causas siguientes: Primero, por renuncia aceptada por el Presidente del Tribunal; segundo, por expiración del plazo de su nombramiento; tercero, por incurrir en alguna causa de incapacidad de las previstas para los miembros del Poder Judicial; cuarto, por incompatibilidad sobrevenida; quinto, por dejar de atender con diligencia los deberes de su cargo; sexto, por violar la reserva propia de su función; séptimo, por haber sido declarado responsable civilmente por dolo o condenado por delito doloso o por culpa grave".
En este caso, y dado que de momento no hay acuerdo de los principales partidos políticos para la sustitución de los magistrados nombrados hace ya diez años por la Cámara Baja, sus señorías han pedido a Sala que acepte su renuncia. Gay, Pérez Vera y Delgado creen que han cumplido "sobradamente" con el mandato de nueve años, establecido por la Constitución y que han "sobrepasado" en más de "seis meses" su mandato.
A esta circunstancia, se suma que desde mayo de 2008 se encuentra vacante la plaza que ocupaba el fallecido Roberto García Calvo. Su puesto también está pendiente de ser renovado por el Congreso de los Diputados desde entonces.
Por el momento, se desconoce cuál será la postura del presidente del intérprete supremo de la Constitución. En un comunicado, el TC enfatiza en que Pascual Sala se pronunciará "a la mayor brevedad sobre la renuncia formulada previa evaluación de las condiciones que aseguren el más completo y correcto funcionamiento del Tribunal Constitucional".
De aceptarse estas dimisiones, el Alto Tribunal se quedaría operando bajo mínimos con tan sólo 8 magistrados –cinco de corte progresista y tres conservador- de los doce que la Constitución le atribuye en su composición. Este hecho no favorecería a mejorar la imagen de un órgano que pasa por sus horas más bajas ante la adopción de fallos tan polémicos como, por ejemplo, el del Estatuto de Cataluña, donde se aprobó la norma estatutaria catalana por una exigua mayoría de 6 magistrados frente a 5 -que emitieron duros votos particulares- cuatro años después de que el PP interpusiera su recurso.
Tampoco ha ayudado a mejorar la percepción del TC el hecho de que el pasado 6 de mayo otra ajustada mayoría de magistrados dejara a la coalición Bildu estar presentes en las instituciones, después de que el Tribunal Supremo le prohibiera estar en las urnas por ser la sucesora de Batasuna. Un hecho que les ha costado a los 11 miembros actuales que componen el Alto Tribunal la interposición de una querella por prevaricación ante el TS.
A nadie se les escapa tampoco que el Constitucional está pendiente de resolver en los próximos meses temas tan delicados como la legalización de Sortu, ley aborto, el matrimonio homosexual, la revisión de las doctrinas Atutxa y Parot y la prohibición de los toros en Cataluña.