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Interior aplica pasividad a un movimiento que ha hecho de las calles su coto privado

Hoy se cumple un mes del inicio del movimiento de los "indignados". La ilegalidad y el paso a la acción directa son ya sus señas de identidad.

Este miércoles se cumple un mes desde que comenzase el movimiento de los autodenominados "indignados", gupo que han llegado sin dudarlo a la acción directa. Precisamente en esta fecha,  los políticos catalanes han tenido que llegar al Parlamento autonómico en helicóptero mientras que algunos trabajadores y diputados han sido atacados e incluso agredidos.

Lo que pretendía ser -como decían ellos mismos el 15-M- un grupo que buscaba revitalizar la democracia ha ido mutando, quitándose la careta, y ha optado por persistir en la ilegalidad. Acciones ilegales que, sin embargo, tuvieron siempre la complacencia del Ministerio del Interior. Las concentraciones de la Puerta del Sol empezaron pidiendo que no se votase a los partidos, luego optaron por publicitar un sistema marcadamente comunista y acabó con una ocupación total del espacio público.

La Puerta del Sol, al igual que otras por toda España como la Plaza de Cataluña en Barcelona, se convirtió durante este mes en una favela que ha ocasionado graves problemas de salud pública e importantes perjuicios económicos para los comerciantes de la zona. Todo ello, amén de una flagrante violación de la legalidad vigente durante la campaña electoral para las elecciones locales y autonómicas que vivieron su punto más álgido en la jornada de reflexión, nuevamente violada.

Sin que se hiciera nada para evitarlo las favelas se fueron perpetuando en el tiempo, creciendo y llenándose de "ocupas profesionales". También la violencia surgió entre los propios indignados. Agresiones, reyertas, apuñalamientos e incluso acoso y abusos a las chicas que formaban la Comisión de Feminismo se han dado tanto en Madrid como en Barcelona.

Otro de los puntos calientes se dio el pasado 27 de mayo en Barcelona. La Generalidad, dirigida ahora por CIU, decidió desalojar a los miles de "indignados" de la Plaza de Cataluña por motivos higiénicos y por la cercanía de la celebración de los títulos del FC Barcelona, en la final de la Champions Leage. 

Los congregados se negaron a irse y aunque hablaban de resistencia pasiva no dudaron en pinchar las ruedas de los vehículos que debían llevarse las "chabolas". Y tras lanzar distintos objetos a los Mossos se produjeron graves disturbios que acabaron con decenas de heridos, entre ellos varios agentes.

De las plazas a los Ayuntamientos, la CEOE, el Parlamento...

Pero los ‘indignados’ crecidos ante su inmunidad decidieron salir de las que ya consideraban "sus plazas" y dieron un paso más para coaccionar y amedrentar a los políticos. El Congreso de los Diputados, la Asamblea de las Cortes Valencianas o el Parlamento catalán han sido algunos de sus objetivos.

El acoso a los diputados regionales en Valencia necesitó de una fuerte intervención policial y de varios detenidos. Este fue el laboratorio y la excusa para que el resto de indignados hiciera lo mismo en otras ciudades. En Madrid fueron a por el Congreso y tras decidir desalojar Sol lo hicieron a lo grande cortando a su antojo el centro de Madrid.

Su impunidad ha llegado a tales límites que incluso pasaron a la acción directa esperando en la puerta de su casa al alcalde de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón, que sufrió el acoso de decenas de estos indignados mientras paseaba al perro. Todo por una supuesta polémica con la organización de la Fiesta del Orgullo Gay

Y el último episodio, que retrata muy bien la evolución del 15-M al 15-J, se ha dado en Barcelona. Desafiando la legalidad han cercado el Parlamento catalán para intentar asaltar las cortes y así boicotear el pleno de hoy. Cabe recordar que intentar alterar el funcionamiento de los parlamentos es un delito que implica hasta un año de cárcel.

Un mes después la normalidad democrática en España es una quimera cuando los representantes del pueblo deben acudir en helicópteros o fuertemente escoltados entre agresiones a su puesto de trabajo y cuando los ciudadanos españoles no son todos iguales ante la ley.

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