El caso de facturas falsas de la Federación de Vecinos Unidad de Sevilla cobra vida con la certificación de la existencia de nuevas facturas falsas que ponen en entredicho la gestión socialista en el Ayuntamiento y la Diputación.
El caso Unidad, que ha quedado en segundo plano por el avance de los meses, el devenir político y la aparición de asuntos judiciales de mayor envergadura, se trata de un caso de subvenciones concedidas a esta Federación de Vecinos dirigida por militantes del PSOE y justificadas con facturas falsas, por lo que no se sabe a qué se dedicó realmente el dinero.
En un informe pericial instado por la Fiscalía que daba curso a una investigación solicitada por el PP, se confirman las denuncias populares trayendo a la actualidad un caso que se había archivado aunque recurrido. Es el recurso del PP contra tal archivo lo que ha sido decisivo para la reactivación del caso.
Según ABC, en el informe pericial, diez de las facturas incorporadas por el PP —que en total fueron dieciocho—, por importe de 16.340 euros, se emitieron por duplicado, mientras que otras tres son abiertamente falsas, algunas de las cuales se utilizaron para justificar subvenciones públicas de Ayuntamiento y Diputación.
De las dieciocho facturas de Copyur propuestas como irregulares por la acusación, cuyo importe asciende a 25.714,41 euros, diez "se han detectado como irregulares", mientras tres no figuran siquiera en la contabilidad de la empresa -concretamente las numeradas como 3746, 8700 y 5082, cuyo valor total supera los 2.180 euros-. Más de 18.500 euros en el alero relativos a subvenciones públicas que la entidad vecinal —un apéndice del PSOE— recibió en los años 2002, 2003, 2004 y 2005. Solo cinco de las facturas eran buenas.
Los implicados son los socialistas Manuel Gómez Lobo y Ángeles Nevado, imputada junto a su marido, Ángel Cervera —ex asesor del hasta ahora alcalde—, por esa aparición de facturas falsas en los expedientes de la entidad.
También está imputada la contable de la entidad, Josefa Prado, que recibió un fax desde el grupo municipal del PSOE del Ayuntamiento de Sevilla con instrucciones para que en Unidad se falseara una factura y se guardase "el resto". Como el juez exculpó al propio Gómez Lobo y a otro ex asesor de Monteseirín, Domingo Enrique Castaño, se está a la espera de nuevas decisiones judiciales.
La acusación del PP fue que "desde Unidad, puestos en común acuerdo con Copyur, se encargaban facturas falsas que ésta confeccionaba a cambio de una comisión y el importe del IVA". Esas facturas, según el PP, eran utilizadas por Unidad para justificar subvenciones que les concedía la Diputación y el Ayuntamiento de Sevilla, obteniendo de esa manera un ilícito beneficio que se destinaba, presuntamente, o a enriquecimiento personal o a financiar actividades en favor del partido político al que pertenecían sus responsables.