La idea surgió días después de la huelga general que los dos sindicatos mayoritarios, CCOO y UGT, convocaron el pasado mes de septiembre. Los sectores más radicales de la izquierda consideraron aquella jornada todo un éxito de convocatoria entre sus partidarios, aunque fuese un rotundo fracaso para el tirón que se presupone a las centrales que dirigen Cándido Méndez e Ignacio Fernández Toxo.
Comenzaron entonces unas reuniones que terminaron fraguando en la constitución de la ‘Asamblea de trabajadores de barrios y pueblos de Madrid’, cuya finalidad sería la convocatoria de un gran acto en el que exigir el fin de los despidos provocados por la crisis y la abolición de las medidas de contención del gasto aprobadas por el Gobierno Zapatero en mayo de 2010, cuando la sombra de una intervención internacional sobre las finanzas españoles sobrevolaba nuestro país.
Para los promotores de esta iniciativa, estaba claro quiénes eran los culpables de la situación económica y quiénes debían pagar por ello, y por tanto buscaron un lema que no dejase margen de dudas sobre las posiciones políticas de quienes organizaban la protesta, algo que finalmente se ve reflejado en los carteles que promocionan la invasión antisistema de Madrid: "Hay que pararles los pies. La crisis que la paguen los capitalistas".
Finalmente, a finales de marzo, algunos de los principales cabecillas de esta marcha del 19 de junio comunicaron a la Delegación del Gobierno en Madrid su convocatoria, que no fue desestimada por la institución que dirige la socialista María Dolores Carrión. Entre los convocantes, partidos, sindicatos y asociaciones como Corriente Roja, Coordinadora Sindical de Madrid, Alternativa Sindical de Trabajadores, Izquierda Castellana, Partido Comunista de los Pueblos de España, Asamblea Contra la Globalización Capitalista y la Guerra, Organización Revolucionaria Antifascista o Unión Proletaria.
Algunos de los dirigentes de estas formaciones políticas convocantes fueron los que firmaron la documentación sobre las marchas remitidas a la Delegación del Gobierno en Madrid. Curiosamente, dos de ellos, Ángeles Maestro y Aitor Otaduy, fueron en las listas de Iniciativa Internacionalista, la coalición electoral antisistema que se presentó a las elecciones europeas de 2009 con el beneplácito del Tribunal Constitucional, pero que el Supremo había anulado por estar avalada en el País Vasco y Navarra por Batasuna-ETA.
Precisamente, de esta relación de simpatía y colaboración entre diversas organizaciones okupas y antisistema con el entorno de ETA ya se venía advirtiendo desde la Policía. Hace un par de años, coincidiendo con un importante brote de actos violentos de los antisistema, la Confederación Española de Policía (CEP) hizo público un comunicado en la que denunció la conexión entre determinados grupos antisistema y las ramificaciones juveniles de Batasuna-ETA. Incluso, reveló que se había detectado la presencia de dirigentes de Segi en Madrid impartiendo cursos de guerrilla urbana.
El sindicato policial también advirtió de que muchas veces se esconden bajo ideales aparentemente nobles: "Hay una serie de organizaciones aparentemente pacíficas que esconden un radicalismo violento amparándose en causas nobles como es la lucha contra el racismo. Queremos destapar la trama violenta de extrema izquierda que utiliza métodos similares a los de la kale borroka de la izquierda abertzale".