La inacción del Gobierno con los indignados del movimiento 15-M ha ido agravándose cada día. Ni los violentos disturbios, ni la ocupación ilegal de plazas, ni los cortes de tráfico o el perjuicio económico causado a los comerciantes ha sido suficiente para que el Gobierno se decidiera a aplicar la legalidad. Con la deriva de los acontecimientos, el ministro del Interior sólo ofrecía promesas de firmeza, que nunca llegaban: "La prudencia se transformará en firmeza si hay violencia" aseguró Ruabalcaba "no vamos a consentir que los derechos de los ciudadanos se vean menoscabados" dijo, sin que llegara a cumplirse.
Hasta ahora, el Ejecutivo se excusaba, en cierto modo, aduciendo la "improvisación" de ciertas protestas de los indignados, lo que no les permitía planear un operativo policial que sofocase las manifestaciones ilegales. Pero esa supuesta "espontaneidad" del movimiento cada vez está más en cuestión. Según La Gaceta, el propio Centro Nacional de Inteligencia alertó al Gobierno de que los indignados ‘asaltarían’ el Congreso de los Diputados.
El Ejecutivo desoyó estas advertencias, que se repitieron durante toda la jornada, y esta inacción permitió que los manifestantes cortaran varias arterias de la capital durante la madrugada, con total impunidad. Además, frente a las puertas de la Cámara, celebraron una Asamblea de más de 2.000 personas. El CNI continuó advirtiendo de que se había detectado un aumento del flujo de mensajes a través de la red, que hacían referencia a un intento de asalto al edificio de la Cámara Baja. Al final del día, Interior cedió y desplegó 19 furgones policiales en los alrededores, lo que presumiblemente, disuadió a quienes tenían planes de entrar por la fuerza en el Congreso.