Los alcaldes y concejales de los consistorios de Castelló, del madrileño de Tres Cantos y del catalán de Mollet del Vallés han decidido subirse el sueldo, lo que ha provocado una gran polémica e indignación.
El Ayuntamiento de Mollet del Vallès aprobó la semana pasada un aumento salarial del 10% para su alcalde, Josep Monràs (PSC), y del 7% para el resto de los concejales. Con este aumento, el alcalde percibirá 65.000 euros anuales en lugar de 59.150. En un primer momento, el Pleno quería aprobar un aumento salarial para el alcalde del 32% para que cobrara 78.325 euros. Pero después de que lo revelara la prensa, la subida fue algo menor. Tras el pleno, le persiguió un grupo de indignados.
El acuerdo institucional aprobado en el Pleno, que recoge los nuevos sueldos de los concejales, tuvo los votos a favor del PSC y CiU, la abstención del PP y ERC y el rechazo de ICV-EUiA. Además de la subida de los sueldos, el acuerdo también incluye una asignación de 18.000 euros anuales para los portavoces de los cuatro grupos de la oposición, que también cobrarán 3.475 euros por partido y 400 euros por concejal.
En Sant Andreu de Llavaneres, también en Barcelona, el convergente Bernat Graupera repite como alcalde con el apoyo del PP. En la última sesión plenaria, Graupera incrementó su salario un 31%, hasta los 3.874 euros brutos, con 14 pagas y una dedicación del 85%. De este modo enmienda una iniciativa de ERC durante la pasada legislatura que provocó que el sueldo del alcalde cayera de 4.150 euros brutos mensuales a 2.900 euros. Este nuevo salario entra en la escala de lo recomendado por la APM. Cabe recordar que este municipio se vio salpicado en 2009 por el escándalo del caso Pretoria.
Fuera de Cataluña, la nueva corporación municipal de Tres Cantos, en la que el PP revalidó su mayoría absoluta, aprobó también una subida de las retribuciones de los concejales que oscila "entre un 16% y un 31%", según IU, que cita como ejemplo que "un concejal con delegación pasa de cobrar 38.956 euros a 51.054". La decisión fue adoptada con los votos a favor de 12 de los 13 ediles del PP (uno estaba de baja por enfermedad) más los cuatro del PSOE, mientras que los tres representantes de IU-Los Verdes y el de UPyD votaron en contra.
Los funcionarios piden que a ellos también se lo suban
Mientras, en Castellón, la subida de los salarios del alcalde y los concejales ha soliviantado a la plantilla municipal de funcionarios. Sindicatos de la Junta de Personal Local creen que la decisión del equipo de Alberto Fabra de excluir los recortes de 2010 en los sueldos de la corporación supone un agravio para la plantilla de empleados públicos, que este año mantiene sus nóminas congeladas. No obstante, no les exigen que no se suban el sueldo sino que, ya que se ponen, se lo aumenten a ellos también.
Esta medida se adoptó con los votos a favor del PP, la abstención del PSPV y Bloc y la oposición de EU.
En Valladolid, el alcalde de Peñafiel con el voto a favor de los concejales de su grupo, Partido Popular, y en contra de los grupos de la oposición, PSOE y PCAL-CI, su regidor, Roberto Díez, se ha subido el salario -según la Ser- en un 100% con respecto a su antecesor, Félix Ángel Martín, quien cobraba anualmente cerca de 21.000 euros frente a los cerca de 40.000 que percibirá el actual edil.
El edil, Roberto Díez justifica este incremento en señal de indemnización por si tiene que abandonar su actual trabajo en la presidencia de la Asociación Duero - Esgueva, para dedicarse exclusivamente a las necesidades de su pueblo como alcalde.
Aragón aprueba en secreto una paga para los diputados en paro
Además de estos tres ayuntamientos, el pasado día 7 de junio todos los partidos de las Cortes de Aragón pactaron una indemnización para los diputados que se han quedado sin su cargo tras las elecciones y que no tienen trabajo. Sin embargo, esta medida no la hicieron pública.
Esta iniciativa se denomina "indemnización por cesantía" y consiste en cobrar mensualmente una asignación de 2.965,97 euros por cada año que el diputado en cuestión haya sido parlamentario, hasta llegar a un máximo de 16. Para ello, deberá apuntarse al Inaem, certificar su baja en la Seguridad Social y presentar sus declaraciones de renta y bienes.