El caso Faisán se ha convertido en un gran quebradero de cabeza para el ahora candidato socialista, Alfredo Pérez Rubalcaba. Un escándalo que podría salpicarle aún más directamente durante la campaña electoral si finalmente el proceso sigue adelante y fuera llamado a declarar en calidad de ministro del Interior en el momento en el que se produjo la delación a la banda terrorista ETA.
Según informa La Razón, desde el Ejecutivo se han puesto manos a la obra para intentar evitar "cueste lo que cueste" la apertura del juicio en la Audiencia Nacional. Para ello, están "contactando" y presionando a los integrantes del pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia para que admitan el conflicto de competencias planteado por la Fiscalía y acepten trasladar el caso al juzgado de Irún.
De hecho, en el Gobierno estarían muy confiados en que, finalmente, el chivatazo a ETA será juzgado en Irún consiguiendo así su objetivo de evitar un "juicio sumarísimo" al proceso de paz y que podría llevar al banquillo a algunos de sus negociadores. Hasta el momento, tres negociadores del Gobierno, el exministro Moscoso, Jesús Eguiguren y el vocal del CGPJ, Gómez Benítez, han declarado ante el juez Ruz.
Del mismo modo, fuentes del Ejecutivo no descartan que éstos volvieran a ser llamados a declarar y también que, en caso de que el juicio se celebre en la AN, se citase finalmente como testigo a Pérez Rubalcaba y a Antonio Camacho, ministro y secretario de Estado, respectivamente, durante el chivatazo.