El portavoz del Gobierno y ministro de Fomento, José Blanco, ha calificado de "broma" que se plantee el copago en Justicia en la Comunidad Valenciana y lo ha rechazado, aunque ha advertido de que es la tercera área de la administración en la que desde el PP se plantea una medida así, después de la sanidad y la educación.
En declaraciones a Punto Radio, Blanco ha señalado que espera que la idea "sea desautorizada" por la dirección del PP, que ya ha rechazado oficialmente el planteamiento de otros copagos desde otras Comunidades.
"En el fondo el PP tiene ideas que no plasma en un programa electoral aunque formen parte en su ideario", ha señalado el dirigente socialista.
Por su parte, las asociaciones de jueces han considerado este martes adecuada la implantación del abono de tasas en la Justicia, con la única excepción de Jueces para la Democracia, que ha rechazado esta medida porque, en su opinión, generaría desigualdades sociales y no mejoraría el servicio.
Así lo han expresado a Efe los representantes de las asociaciones después de que el consejero de Justicia y Bienestar Social de la Generalitat Valenciana, Jorge Cabré, dijera ayer que no descarta implantar el pago de una tasa "como medida para agilizar los trámites judiciales".
Jueces para la Democracia (JpD) ha explicado en un comunicado que aunque las entidades bancarias, las sociedades mercantiles o las personas con elevado patrimonio "no tendrían ningún problema en pagar las tasas, a los ciudadanos de rentas inferiores se les disuadiría de la defensa de sus derechos, lo cual afectaría al derecho fundamental a la tutela judicial efectiva".
Para JpD, "esta perspectiva de limitación de los servicios públicos a través del copago, como otras similares referentes a la educación o a la sanidad, representa una visión contraria a los principios esenciales del Estado social, democrático y de derecho".
La asociación ha recalcado que la gestión de la Justicia podría mejorar "con otro tipo de medidas que no están siendo abordadas" por la Generalitat Valenciana, como el impulso en la reforma de la oficina judicial, una gestión más adecuada de los recursos personales y materiales, o una reducción de gastos "superfluos".
La mayoría de jueces, a favor
Por su parte, el portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Pablo Llanera, ha estimado que es lógico que los gastos ordinarios de la Administración de Justicia sean soportados en mayor medida por aquellas personas que acuden a los tribunales con mayor frecuencia.
No obstante, Llanera ha señalado dos limitaciones para el polémico copago: que aquellas personas que carezcan de recursos para poder litigar tengan derecho a la justicia gratuita y que el gasto sea soportado por aquellos que acudan a los tribunales y éstos no les den la razón.
El representante de la APM ha defendido que quien pierde un juicio asuma mediante el copago un porcentaje del gasto derivado del funcionamiento de la Administración de Justicia -los medios personales y materiales-, en lugar de que sea sufragado por todos los contribuyentes españoles como ocurre en la actualidad.
Por otro lado, Marcelino Sexmero, portavoz de la Asociación de Jueces y Magistrados Francisco de Vitoria, ha recordado que ya existe una tasa en las jurisdicciones civil y contencioso-administrativa, que se podría extender al resto de los órdenes judiciales.
Tras indicar que la competencia para fijar un impuesto corresponde al Estado, Sexmero ha argumentado que el establecimiento de una tasa en la Administración de Justicia no sería onerosa para los usuarios y contribuiría a mejorar este servicio público.
Una tasa "simbólica"
La Administración de Justicia necesita de medios económicos para poder funcionar, ha resaltado Sexmero, antes de apuntar que o el Estado incrementa los presupuestos de Justicia o se establece una tasa por la prestación de este servicio en el conjunto del Estado.
El portavoz del Foro Judicial Independiente, Javier Varona, ha remarcado que no hay que descartar que los usuarios tengan que sufragar una tasa "simbólica" por la prestación de un servicio en la Administración de Justicia, aunque ha reconocido la dificultad de implantarla en las jurisdicciones social o penal.
Varona ha abogado por distinguir en qué jurisdicciones y por qué actos se pagaría la tasa, que, en su opinión, podría suponer una mejora de la calidad de la Justicia.