En la sesión que iba a servir para aprobar su último paquete de medidas, José Luis Rodríguez Zapatero anunció una reforma de la Constitución para incluir límites al gasto público. "Afrontémoslo con naturalidad y pensemos que estamos trabajando para más de una década en adelante", dijo el presidente presentando la medida como necesaria para aumentar la confianza en las cuentas de nuestro país.
Zapatero no habló de ello pero tras la reforma, que pocos meses antes había rechazado su partido cuando lo planteó el PP, se esconden la profunda crisis de deuda en la que se ha vuelto a ver envuelta España y las soluciones de emergencia planteadas por Angela Merkel y Nicolas Sarkozy en su última cumbre. Además de anunciar avances en un futuro gobierno económico de la Unión, los líderes europeos prometieron límites al déficit en todas las constituciones de los países miembros. Con la reforma pretendían, además de tranquilizar a los mercados, garantizar más control en las cuentas públicas de países díscolos como España, que han forzado al BCE a intervenir este verano para detener la escalada de tensión en los mercados y un posible desmoronamiento del euro.
Zapatero tiene garantizado el apoyo a la medida porque Mariano Rajoy ha avanzado que votará a favor tras recordarle que su propio partido ya había sugerido algo similar. La cercanía del 20-N, sin embargo, obligará a acelerar todos los trámites. Fuentes de PP y PSOE confirmaron que aunque el anuncio ha llegado hoy, las conversaciones para preparar la proposición de ley están muy avanzadas y podría presentarse este mismo miércoles. Tras su registro en el Congreso, tendrá que ser aprobado en dos sesiones y recibir también su visto bueno en el Senado. Y aunque lo pidan los ‘indignados’, lo más probable es que no tenga que ser sometido a referéndum: al contemplar aspectos considerados no esenciales en la Constitución, la votación no es imprescindible y sólo se celebrará si lo pide el diez por ciento de los parlamentarios.
Los cambios que no hizo Zapatero
El presidente pondrá punto y final a la legislatura con una reforma constitucional muy distinta a la que prometió en su discurso de investidura y, además, impuesta desde fuera. En el ya lejano 2004, Zapatero asumió su cargo con la promesa de una reforma "concreta y limitada" de la Carta Magna, que incluiría la reforma del Senado, la no discriminación de la mujer en el acceso al trono, la inclusión del nombre de las Comunidades Autónomas y la mención de la futura Constitución europea.
En el comienzo de esa legislatura, la boda del Príncipe de Asturias hizo que se debatiera la posibilidad de una reforma que tocara sólo el punto de la sucesión al trono. Pero al afectar al capítulo de la Corona se hacía imprescindible la celebración de un referéndum que podría haberse convertido en un plebiscito sobre la monarquía. Tras el nacimiento de la infanta Sofía, la cuestión fue aparcada.
El debate sobre la reforma constitucional regresó de la mano del Estatuto de Cataluña, que dinamitaba de facto la Carta Magna. Tras conocerse el texto y durante las interminables deliberaciones del TC, varias voces plantearon abiertamente la posibilidad de una reforma que terminara de delimitar la estructura territorial de España tras los cambios venidos desde el Parlamento catalán y aceptados por el Gobierno. Zapatero, sin embargo, declaraba entonces que los cambios que él mismo propugnó en su día eran innecesarios.
La otra reforma de la Constitución
En los últimos tiempos, ha sido la crisis la que ha avivado el debate, centrado esta vez en la necesidad de reducir el gasto de una mastodóntica estructura territorial y en modificar en profundidad otros aspectos que han llevado a España a la situación actual. Mientras el PSOE ponía el foco en las diputaciones y otras voces demandaban cambios muchos más hondos ha sido finalmente Bruselas quien ha impuesto una reforma destinada a poner coto al déficit público.
Será la segunda modificación que afronte la Constitución desde su aprobación en 1978. El otro cambio también vino forzado por la UE: la Carta Magna tuvo que adaptarse al Tratado de Maastricht en 1992 para permitir que los ciudadanos de los países de la UE residentes en España pudieran ir en las listas para las elecciones municipales.