El asunto se ha convertido en tema del momento en España, y uno de los más comentados en el mundo, bajo el hashtag #yo quiero votar. La petición más repetida es que se permita a los ciudadanos decidir sobre el cambio en la Constitución anunciado por Zapatero para cumplir una de las exigencias de Sarkozy y Angela Merkel: la inclusión en la Carta Magna de un tope de gasto.

Además de exigir que se permita a los españoles opinar, y quejarse de que la medida venga impuesta desde fuera -"despotismo ilustrado", "democracia secuestrada"...-, algunos internautas hacen sus propias propuestas para reformar la Carta Magna, pidiendo desde "el derecho a decidir" hasta establecer por ley el presupuesto mínimo de Sanidad y Educación.

Los más indignados hablan directamente de "golpe de Estado", o, más concretamente, "golpe de Estado del PPSOE". Otros apuestan por una reforma constitucional pero en profundidad.

Los plazos de la reforma

Esta reforma constitucional sólo tendría que ser votada si así lo pidiera el diez por ciento de los diputados. Desde 1978, fecha en que se aprobó la actual Carta Magna, sólo se ha reformado una vez. Fue en 1992 y el cambio permitió el sufragio activo y pasivo a los ciudadanos de la UE.

Como se quiere hacer en esta ocasión, se cambió mediante proposición de ley y no mediante referéndum. El texto se registró en el Congreso un 7 de julio y se aprobó definitivamente por el Senado el día 30 de ese mismo mes.

Para esta reforma, los plazos están muy ajustados por la convocatoria de elecciones para el 20 de noviembre. Así lo ha advertido este mismo martes el presidente del Congreso, José Bono: la proposición de ley tendrá que estar registrada como muy tarde el viernes.

El texto deberá ser tramitado en las dos Cámaras por el procedimiento de urgencia y en lectura única. Además, según el calendario preliminar esbozado por Bono, la Cámara Baja tendría que celebrar dos sesiones plenarias más de las previstas inicialmente.

El Congreso tomaría en consideración la proposición de ley en el Pleno del martes 30 de agosto y la aprobaría para su remisión al Senado dos días después, el 1 de septiembre.

La Cámara Alta, que también tramitaría la proposición de ley en lectura única y por el procedimiento de urgencia, podría reunirse la semana del 5 de septiembre para aprobar la revisión constitucional de forma definitiva. El texto sólo tendría que volver al Congreso en el caso de que se introdujera algún cambio en el Senado.

Las Cortes no se disuelven hasta el 26 de septiembre, pero, tras la aprobación de la reforma constitucional, según prevé la propia Carta Magna, se abre un plazo de 15 días para que, si lo consideran oportuno, un diez por ciento de los miembros del Congreso (35 diputados) o el Senado (28 senadores), soliciten que la reforma se someta a referéndum. Durante ese plazo, las Cortes deben estar reunidas, con lo que la reforma constitucional tiene que estar aprobada en los primeros días de septiembre, antes del día 9, que además es fiesta en Madrid.