El presidente del Gobierno anunció este martes, por sorpresa, que España reformaría la Constitución para incluir un tope al déficit, tal y como habían reclamado Merkel y Sarkozy. La medida había sido rechazada sólo un año antes cuando lo propuso el PP. El flamante candidato socialista, Alfredo Pérez Rubalcaba, quedaba especialmente en evidencia porque él fue en su día quien contestó a los populares ridiculizando la idea.
Nada más conocerse la medida comenzaban las críticas: de una parte de la ciudadanía, en Twitter, y de partidos como Izquierda Unida, que tachaban de "neoliberal" la reforma y reclamaban un referéndum. Un día después, las quejas se han trasladado al propio seno del PSOE, que ve cómo este último bandazo del presidente puede darle la puntilla a las bajas expectativas electorales de Rubalcaba para el 20-N.
Algunos diputados ya han anunciado que no votarán a favor de la medida. Entre ellos están dos miembros de la denominada corriente Izquierda Socialista, Manuel de la Rocha y José Antonio Pérez Tapias, y el presidente de la Comisión de Economía en el Congreso, Antonio Gutiérrez, que ha anunciado además que no volverá a presentarse a las elecciones si no hay un cambio de rumbo en las políticas del Gobierno.
El ex secretario general de Comisiones Obreras, que nunca entró en el partido pero sí aceptó ir en las listas de Zapatero en 2004, calificó de "barbaridad" lo anunciado por el presidente y se quejó, como otros diputados, de que se haya planteado la reforma sin un debate dentro del grupo socialista. "Yo me corresponsabilizo con aquello en lo que participo, eso es una regla de la democracia", dijo el diputado a Europa Press, que lamentó que se proponga el cambio "a tres semanas de que acabe la legislatura" y sin ninguna "reflexión". En su opinión, la reforma es "un disparate" que atenta "contra la conciencia individual de cada diputado con una mínima responsabilidad".
También hay malestar en el PSC, que tiene 25 diputados dentro del grupo socialista. El presidente del grupo en el Parlamento catalán manifestó este mismo miércoles sus dudas en una entrevista radiofónica: "Cuesta mucho de entender que ahora sea fácil lo que durante tantos años ha sido difícil. ¿Quién ha levantado la veda establecida con la Constitución?"
Dirigentes del partido como el alcalde de Lérida, Ángel Ros, o la ex consejera Marina Geli, han pedido a los diputados de su partido en el Congreso que avalen la reforma de la Constitución pero respetando el autogobierno catalán.
A través de su cuenta en Twitter, Ros ha asegurado que no duda de que de los 25 diputados del PSC en la Cámara baja "votarán una propuesta para alcanzar los objetivos económicos" marcados por la Unión Europea, pero "sin reducir la autonomía financiera de Cataluña" y sin "hipotecar su futuro". En el mismo sentido se expresó Geli, que consideró que "sólo pueden defender una reforma constitucional que contemple el autogobierno" y una financiación justa para Cataluña y los entes locales.
A estas voces discordantes se une otra, la de Josep Borrell. No tiene voto en el Congreso pero ha dejado claro que está en contra de la medida y que, en cualquier caso, debería ser sometida a referéndum. Se pregunta "qué ha pasado desde hace una semana" para que Zapatero y el candidato socialista hayan asumido lo que Rajoy quería y ha interpretado los hechos como un "sacrificio ritual" ante Merkel. Y otro exministro, Jordi Sevilla, se ha preguntado en Twitter "la mayor crisis económica provocada por el sobreendeudamiento privado instigado por la banca privada se arregla prohibiendo la deuda pública".
Rubalcaba trata de frenar la rebelión
El más perjudicado de esta situación es el candidato socialista. Abocado a votar a favor algo que hace muy poco denostaba, ahora tiene que afrontar, además, el malestar en las filas socialistas.
A última hora de la noche, tras el goteo de declaraciones en contra, fuentes socialistas han informado de que Rubalcaba ha optado por tomar las riendas de la negociación de la reforma de la Constitución por el cariz que estaban tomando los acontecimientos. Lo hará junto a José Antonio Alonso, ante las dificultades que estaban surgiendo en estos primeros momentos.
Esta mañana, el candidato ya trataba de introducir matices a la reforma, que llega en plena precampaña y puede terminar de hundir sus resultados. En un acto del PSOE, afirmó que la medida no conllevará "recortes sociales" y que será flexible, es decir, que sólo se irá a un déficit cero en situaciones normales: "No hay que pillarse los dedos".
En cualquier caso, si la rebelión no sigue extendiéndose lo más previsible es que no tenga efecto alguno en el resultado de las votaciones. Para sacar adelante el cambio en la Constitución, es necesario un apoyo de los tres quintos de la cámara (210 diputados) y socialistas y populares suman 321 escaños (169 de los socialistas y 152 del grupo popular) de los 350 existentes, lo que da un amplio margen al PSOE. Sus consecuencias, en cambio, sí pueden notarse, y mucho, en las urnas.