El Partido Popular considera que, aún llegada con un año largo de retraso, la reforma de la Constitución para establecer un techo máximo de déficit público es una medida en la buena dirección. "En tiempo de crisis" es importante "establecer obligaciones" a las administraciones públicas, defendió Soraya Sáenz de Santamaría.
El argumento de los populares para apoyar la medida es claro: "Obligará a todas las administraciones a no gastar lo que no tienen" y a no vivir "por encima de sus obligaciones", dijo el líder de la formación, satisfecho de que el Gobierno haya tenido que asumir como propio su plan anti-déficit.
Por ello, Mariano Rajoy, que este miércoles visitaba una cooperativa agraria en Vélez-Málaga, rechazó de plano el debate sobre la idoneidad de que se someta a un referéndum, como reclama la izquierda minoritaria: "La Constitución establece con meridiana claridad qué reforma exige referéndum y ésta es una reforma que no exige referéndum", sentenció.
En este sentido, se atrevió a asegurar que la medida anunciada por Zapatero y respaldada por él mismo en las Cortes tiene "un apoyo mayoritario", si bien matizó que "por supuesto" sí que lo tiene en la base de votos de su formación.
Lo que no se plantea, con un Gobierno saliente a la espera de que se celebren las elecciones del veinte de noviembre, es abrir la caja de los truenos de una reforma más amplia que afecte, por ejemplo, a la sucesión de la Corona: "La Constitución se puede reformar pero eligiendo bien el momento y sabiendo lo que se hace. Hoy, a esta hora, no soy partidario de plantear otra reforma".
La carta del BCE
Zanjado este punto, lo que ahora quiere saber el PP son los motivos del nuevo bandazo del Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero. E insiste en que las razones están resumidas, de forma concisa, en la carta que el Banco Central Europeo (BCE) remitió al presidente.
Tanto en su intervención inicial como en la réplica, Rajoy emplazó expresamente a Zapatero a que desvelara los términos de la misiva. Sin embargo, "dio la callada por respuesta" en un escenario, la sede de la soberanía nacional, que era "donde tenía que dar la información", en voz de un portavoz del partido.
En el día después, el jefe de los populares insistía: "Es mi obligación preguntar al presidente", remachó, para adelantar a renglón seguido que volverá a interrogar en este sentido para saber "si la ha recibido -como así tiene constancia- y cuál es el contenido".
Sáenz de Santamaría, en declaraciones a Onda Cero, también hacía sangre: "Zapatero debería de haber dado respuesta", afirmó , echándole en cara al jefe del Ejecutivo el modus operandi de su homólogo italiano. "En el caso italiano se reconoció" la misiva y se dio "cierto traslado" de su contenido.
"¿Qué dice la carta?", se preguntó varias veces la número tres de Rajoy, para insistir formalmente en que el PP, como segunda fuerza política del país, reclama conocer qué le pidió el BCE y si aceptó parcialmente o en su totalidad las condiciones.
El fondo de la cuestión, agregan ya fuentes de la dirección, es que España lleva meses "intervenida de facto" y éste es "un ejemplo más". En esta línea, Sáenz de Santamaría también se lamentó de que, si el Gobierno hubiera tenido altura de miras, la reforma de la Carta Magna se hubiera ejecutado hace ya meses, cuando lo propuso el PP, y "hubiéramos sido pioneros". "Los motivos de Zapatero son otros, él los sabrá", zanjó.
Si los planes se cumplen, el PP espera que a primeros de la próxima semana ya hayan solucionado todos los "aspectos técnicos" para que la norma pueda ser aprobada por la Cámara Baja en los plenos extraordinarios previstos por José Bono para los días 31 de agosto y 1 de septiembre.