La destrucción de documentos oficiales que recorrió toda Castilla-La Mancha tras el vuelco electoral del 22-M afecta al mismísimo José María Barreda. Según un informe oficial del Servicio de Informática de la Junta, se procedió a la destrucción de "bases de datos y recursos de ficheros" de la Consejería de Presidencia y Administraciones Públicas tras las elecciones.
Los hechos ocurrieron "después del 23 de mayo" y antes de la llegada del gabinete presidido por María Dolores de Cospedal, según desvela el diario La Gaceta. Se trata de datos que se encontraban "en los servidores" del citado departamento y su eliminación se produjo "por indicación del usuario responsable o directamente por los usuarios", donde figuran cargos de máxima confianza de Barreda, como la portavoz de su Ejecutivo, Isabel Rodríguez.
Entre los documentos llevados a la trituradora destacan "referencias" de una base de datos que contenía "fichas de información sobre noticias aparecidas en prensa" que incluso incluían "observaciones". También hicieron lo propio con informes relacionados con el protocolo, y que afectaba a "organismos, colectivos eventos y personas".
También se eliminó la base de datos completa del "fichero de consejeros", si bien lo que más llama la atención del informe confidencial es la destrucción parcial de datos relacionados "Subvenciones en tarea".
Se trata, según destripa La Gaceta, de un importante programa incardinado a la Consejería de Economía, con acceso desde todas las consejerías, en el que se detalla "cómo está todo relacionado con algún tipo de pago del Gobierno. Desde las facturas hasta las nóminas pasando por las subvenciones".
La Junta ya investiga los hechos y desliza que parece tratarse de "diferentes pagos irregulares" referidos a "gastos en publicidad y subvenciones". El equipo de Cospedal, que trabaja para recuperar los archivos, considera que Barreda podría haber incurrido en un delito de infidelidad en la custodia de documentos.