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Conde-Pumpido cree que la sentencia de Otegi permite avanzar "hacia la paz"

El fiscal general del Estado también considera "indudable" que si Batasuna hubiese exigido la disolución de ETA, la valoración hubiera sido distinta.

El fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, considera que la condena a 10 años de cárcel de Arnaldo Otegi por ser dirigente de ETA "contribuye al avance hacia la paz".

En declaraciones a la Cadena Ser recogidas por Europa Press, Conde-Pumpido ha afirmado que la sentencia es "correcta" y cree que "no introduce ninguna distorsión" en lo que llama el proceso político vasco. En su opinión se trata de una sentencia "jurídica, no política", que responde a la petición de la Fiscalía de la Audiencia Nacional.

Según ha explicado, la sentencia se basa en un momento concreto que es la reorganización en la clandestinidad de la rama política de ETA. "Cuando ETA rompe la tregua del 2006, a través del atentado de Barajas, Otegi y Usabiaga según el texto, se integran en la estrategia de la organización, para que mientras esta ya estaba continuando con su línea de asesinatos, paralelamente reconstruían su línea política para iniciar una nueva fase de acumulación de fuerzas", ha indicado.

Eso ha llevado a los magistrados, según Conde-Pumpido, a declarar probado que Otegi y Usabiaga son integrantes de la organización en calidad de dirigentes "porque comparten los fines, asumen los medios, cooperan de una manera permanente en la estrategia de la organización".

Ante la posibilidad de que se hubieran valorado los hechos de otro modo por parte del tribunal si ETA en los últimos meses hubiera abandonado las armas, el fiscal general del Estado considera "indudable" que si Batasuna hubiese exigido a ETA su disolución, o la banda hubiera dejado las armas, es posible que entonces pudiese haber una valoración y estar influida por ello". "Pero como no se ha producido, desde el punto de vista jurídico ETA sigue constituyendo una amenaza permanente y sus dirigentes tienen que ser condenados", ha subrayado.

En su opinión, "el final de la violencia llegará cuando los violentos sean plenamente conscientes de que son ellos los que están derrotados legal, moral y materialmente. Y por tanto, mientras no abandonen de manera definitiva, el sistema jurídico seguirá tomando sus decisiones con todo el rigor, porque sólo el rigor ha llevado a ETA a esta situación agónica en la que se encuentra", ha dicho el fiscal.

Conde-Pumpido ha insistido en que una vez que ETA deje de existir, la imputación por cooperar con banda armada "pierde la trascendencia" y podría haber entonces medidas generosas con los condenados. "En ese momento, el Gobierno que esté tomará la decisión que le corresponda, pero lo primero de todo es que la banda tome la decisión", ha señalado.

Bildu

Sobre la participación de Bildu en instituciones oficiales y la influencia de la sentencia en este hecho, Conde-Pumpido ha respondido que son planos diferentes y ha asegurado que se está siguiendo atentamente el comportamiento de los miembros electos de Bildu, y afirmaba que si se tuviera que tomar alguna determinación se tomaría de acuerdo con la ley.

"El apoyo a la estrategia de la organización armada, mientras no se exija su disolución, que no lo han hecho, y mientras no se disuelvan efectivamente, puede ser muy variado. El comparar las victimas del terrorismo con el sufrimiento de los propios terroristas que son condenados, el ensalzar a los asesinos que están en prisión precisamente por haber cometido hechos terroristas, igualar la acción terrorista con la defensa del estado de derecho a través de la legalidad...hay muchas cuestiones que pueden tomarse en consideración", ha declarado.

El fiscal general del Estado ha afirmado que "Bildu está en la posición que la Constitución española le permite". "Esa es la grandeza de la democracia, que ponemos por encima de todo los derechos fundamentales y damos margen, que esperamos que sirva para la extinción de la violencia", ha concluido.

Adiós a la 'imparcialidad'

Las recientes declaraciones de Cándido Conde-Pumpido, en las que dice que la "correcta" sentencia de Otegi y Usabiaga permite "avanzar hacia la paz", contrastan con la postura que el fiscal general del Estado mantuvo en 2006, cuando el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero se encontraba en pleno proceso de paz con la banda terrorista ETA.

Durante una comparecencia ante la comisión de Justicia en el Senado, Conde-Pumpido señaló que la única garantía para las víctimas del terrorismo "era y es la aplicación imparcial, serena y firme del Derecho, a todos los justiciables por igual". También agregó que tampoco consentiría "trampas, inventos ni atajos al servicio de una Justicia de trinchera que en lugar de buscar la paz social alimente la venganza o el enfrentamiento, en pro del interés de quienquiera que sea".

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