El futuro inmediato del caso Faisán comienza a analizarse este martes en la Audiencia Nacional. El Pleno de la Sala de lo Penal celebrará una vista a puerta cerrada donde 15 magistrados deberán determinar si detrás del chivatazo a ETA que se dio el 4 de mayo de 2006 en el bar de Joseba Elosúa –el presunto cobrador de la banda terrorista- hubo o no un delito de colaboración con banda armada.
Así lo entendió el último instructor de la causa, el magistrado del juzgado Número 5 Pablo Ruz, quien procesó al exdirector general de la Policía, Víctor García Hidalgo, al inspector de Policía, José María Ballesteros y Enrique Pamiés. Jefe Superior de la Policía del País Vasco por este delito y por el de revelación de secretos.
También lo señaló el pasado mes de abril la Sección Segunda de la Audiencia al concluir que "no es necesario comulgar con las finalidades de ETA para la existencia del tipo delictivo" de colaboración con banda armada. Además, estos jueces subrayaron de forma literal que "no puede descartarse la existencia de un delito de colaboración con grupo terrorista como consecuencia de la información suministrada por miembros del Cuerpo Nacional de Policía al dueño del bar Faisán en Irún".
Sin embargo, una maniobra a tiempo del juez Javier Gómez Bermúdez para que el caso lo estudiara el Pleno de este órgano judicial y no la Sección correspondiente deja ahora el futuro del caso Faisán en un punto incierto. De estos quince jueces depende que el caso permanezca en el tribunal de la calle Génova o que, por el contrario, se vuelva a los juzgados de instrucción de Irún.
A priori, las deliberaciones sobre el asunto se presumen largas y tensas. Largas porque las tres defensas y las tres acusaciones – la Asociación de Víctimas del Terrorismo, la asociación Dignidad y Justicia y la acusación conjunta ejercida por el Partido Popular y la Unión de Oficiales de la Guardia Civil –deberá hacer sus correspondientes exposiciones sobre por qué hay detrás del soplo a ETA o no un delito de colaboración.
También deberá hacerlo el Ministerio Fiscal, en este caso su representante Carlos Bautista, quien volverá a apoyar que detrás de la filtración a Joseba Elosúa no se cometió tal delito.
Un pleno dividido
Después de escuchar estas alegaciones los magistrados de la Sala de lo Penal (todos excepto Guillermo Ruiz Polanco, Alfonso Guevara y Clara Bayarri, los tres jueces que integrarían el tribunal que juzgaría el chivatazo en la Audiencia y que por lo tanto ahora se abstendrán para no contaminarse) comenzarán a deliberar sobre el asunto a puerta cerrada.
Este tribunal estará encabezado por el presidente de la Sala de lo Penal, Javier Gómez Bermúdez; y constituido por otros cuatro magistrados de la Sección Primera (Manuela Fernández de Prado, Javier Martínez Lázaro, Ramón Sáez y Nicolás Poveda); cinco de la Segunda (Fernando García Nicolás, Ángel Hurtado, Julio de Diego, Enrique López y José Ricardo de Prada); otra de la Tercera (Ángeles Barreiro) y otros cuatro de la Cuarta (Ángela Murillo, Teresa Palacios, Juan Francisco Martell y Carmen Paloma González).
El ponente de la resolución será el magistrado José Ricardo de Prada, quien en un voto particular ya manifestó que según su opinión el chivatazo estaba justificado por la negociación que el Gobierno de Rodríguez Zapatero mantenía en esos momentos con la banda criminal.
El Pleno de la Sala de lo Penal acudirá a la deliberación con una máxima división en relación con este asunto, ya que el número de magistrados del llamado corte progresista y el conservador está muy igualado. Los primeros serían partidarios de no considerar el chivatazo como un delito de colaboración con organización terrorista mientras que los jueces del sector conservador se decantarían por mantener la causa en la Audiencia Nacional.
Fuentes jurídicas consultadas por este diario, señalan que es altamente improbable que estos quince jueces lleguen a un acuerdo sobre este asunto este martes por lo que el chivatazo dará más que hablar en los próximos días.